El fiscal sale en defensa de la Xunta por el presunto robo de bebés en Lugo

El fiscal de Menores de Lugo, Jesús Álvarez, ha salido al paso de las informaciones que diversos medios de comunicación han hecho públicas en relación con la investigación judicial sobre presuntos trámites irregulares de adopción denunciados en el marco de la llamada Operación Bebé. Álvarez sale en defensa de la Administración gallega y llega a afirmar rotundo en su escrito, sin dejar margen para las posibles excepciones, que "las decisiones de la Xunta se adoptan tomando como base los informes de un equipo técnico multidisciplinar e independiente". Este, el de la independencia, precisamente, es uno de los extremos que puso en duda la juez Estela San José después de estudiar varios casos de expedientes de tutela, acogida y adopción denunciados por cuatro abogadas de Lugo en 2010, el año en el que comenzó una intrincada instrucción que todavía sigue en curso.

En el auto que dictó previo al registro que la propia juez y un equipo de guardias civiles llevaron a cabo en primavera de ese mismo año en la sede de la Consellería de Benestar en Lugo, la magistrada no dudaba del rigor de la mayoría de los expedientes, sino solo de una serie de ellos. Este grupo inicial de casos de bebés y niños desvinculados de toda relación con sus familias por vía administrativa, al que con el paso de los años se han sumado nuevas denuncias de padres biológicos, constituían la base de la que partía San José para hablar de "irregularidades en la tramitación que podrían llegar a ser consideradas como presuntos delitos de falsedad documental, desobediencia grave a la autoridad e incluso prevaricación por parte de funcionarios públicos, entre otras figuras que aún no se han podido determinar".

Según el fiscal, no cabe hablar de "progenitores desamparados", sino, únicamente, de "menores desamparados", ya que a los padres siempre les queda la posibilidad de recurrir a la vía judicial. A continuación, Álvarez enumera la retahíla de instancias judiciales (hasta llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos) a las que pueden, sucesivamente, ir presentando recursos (y por tanto pedir amparo) estas familias que se consideren despojadas de sus hijos.

Estela San José, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo y primera magistrada que se hizo cargo de la investigación (que recientemente pasó a manos de la juez del número 2), se refería en el momento en que trascendió por primera vez a los medios de comunicación de Lugo el caso Bebé a "graves irregularidades en la tramitación referente a los procedimientos de acogida, preadopción y adopción de menores que han sido sacados de su familia de origen" en pleno siglo XXI. Y más adelante especificaba: "Se encuentran informes de las personas que intervienen de un modo u otro en el expediente administrativo que se basan a su vez en informes cuyo contenido no es el que aluden". Por ejemplo, continuaba detallando en su auto de mayo de 2010 la magistrada, "hablan de informes médicos negativos que en realidad tienen un carácter positivo y contrario a lo manifestado por los funcionarios" o "se toman decisiones sobre otros informes médicos que no existen". Estos "y otra serie" de detalles revelados en las denuncias de varias abogadas de oficio que defienden los intereses de familias biológicas, le valieron a la juez para afirmar que "lo que inicialmente se pensó que era una cuestión a dilucidar en la vía de la jurisdicción civil, en estos momentos se llegue a incardinar presuntamente en los tipos penales anunciados".

El objetivo de los investigadores, que ya han llevado a cabo registros tanto en la Xunta como en la residencia de monjas Hogar Madre Encarnación, en la que son acogidas durante el embarazo mujeres sin recursos, ha sido desde el principio de la instrucción "averiguar si efectivamente se ha llevado a cabo por parte de personas integradas en la Administración dedicada precisamente a la protección de los menores y de la familia, actuaciones o actos incardinables en tipos penales". La propia Consellería de Traballo e Benestar reconoció a EL PAÍS, por medio de un portavoz oficial, que el departamento que dirige Beatriz Mato considera primordial que la investigación avance para resolver las sospechas que puedan recaer sobre algunos trabajadores de Menores de Lugo y, en caso de que las hubiese, depurar responsabilidades. Después de dos años de investigación, todavía no hay imputados en la Operación Bebé y los niños siguen creciendo sin noticia de esos padres biológicos que los reclaman porque, denuncian sus abogados, la Administración ha cortado la comunicación con las familias de origen, algo que solo puede dictaminarse por vía judicial.