La policía detiene a 10 implicados en el fraude del Plan Bahía de Cádiz

La policía ha detenido a 10 implicados en el fraude de ayudas públicas del Plan Bahía Competitiva de Cádiz, entre los que se encuentran los supuestos ideológos y principales empresarios de esta trama de corrupción, en una segunda fase policial del caso Bahía. Los agentes han acometido cinco registros en diversas empresas y chalés de lujo, se incautaron de “documentación comprometedora” de las subvenciones públicas recibidas, y finalmente detuvieron a una decena de implicados. Los investigadores del Grupo de Blanqueo de la Unidad Contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) de Sevilla y de la Udyco Central han recabado indicios durante casi dos años de instrucción en un caso que acumula 12 imputados, una cifra que esta semana aumentará previsiblemente.

Ahora la juez Lourdes del Río, titular del Juzgado de Instrucción 4 de Cádiz, decidirá si pone en libertad a los detenidos que la policía ponga a disposición judicial tras los interrogatorios. La red de empresarios gallegos y vascos que protagoniza este escándalo captó 21 millones en subvenciones públicas procedentes del Ministerio de Industria (una cifra que la policía eleva a 23 millones). Después de recibir esa lluvia de millones y la compra de ciertos terrenos, la inversión se esfumó porque todo era humo. El dinero se había desviado supuestamente, a través de al menos 50 empresas fantasma, a paraísos fiscales. Las inversiones que iban a generar empleo en la Bahía de Cádiz nunca llegaron. La investigación acusa a la mayoría de empresarios por los delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y fraude de subvenciones. Si el fiasco no se hubiera detectado a tiempo, la trama empresarial podría haber recibido fondos públicos por 80 millones.

La juez declaró el secreto sobre una pieza de las actuaciones hace un par de meses y muy probablemente las diligencias estuvieran encaminadas a propiciar las detenciones realizadas hoy. Hace ya un año y medio la policía detuvo al empresario Alejandro Dávila Oubiña en la localidad gallega de A Pobra do Caramiñal, y cinco meses después la Audiencia de Cádiz decretó su libertad. Dávila había sellado alianzas con los empresarios de las familias Retolaza y Arespacochaga para lograr captar las ayudas que Industria había destinado a Cádiz, un dinero que gestionó la Junta a través del Plan Bahía Competitiva.

Los investigadores consideran que para cometer el fraude fue imprescindible la connivencia de los políticos que concedieron las ayudas, entre los que destaca Antonio Perales, exresponsable del Plan Bahía Competitiva. Junto a Perales la investigación acusa a altos cargos del Ministerio de Industria y técnicos de la Diputación de Cádiz que intervinieron en la concesión de las ayudas públicas millonarias.