Los acusados de formar Resistencia Galega se declaran demócratas y pacíficos

El primer juicio contra la nebulosa organización independentista violenta Resistencia Galega, que  abrió en Madrid este lunes la Audiencia Nacional, ofreció escenas muy poco frecuentes. Los cuatro acusados de terrorismo no solo negaron los hechos sino que hicieron profesión de fe en las vías democráticas y el rechazo de la violencia, e incluso pusieron en duda la existencia de la banda armada a la que están acusados de pertenecer. Y a petición de la defensa comparecieron cuatro testigos insólitos, los portavoces de los grupos parlamentarios gallegos, que declararon a través de videoconferencia desde una sala del Pazo do Hórreo.

 El más esperado de los testimonios era el del líder de AGE, Xosé Manuel Beiras, quien la pasada semana defendió a los acusados al definirlos como “chicos que el único delito que han cometido es el de ejercer el derecho a la indignación”. En su declaración judicial, Beiras señaló que desde los años ochenta el nacionalismo gallego renunció al uso de la violencia política. “No me consta que en Galicia haya un grupo terrorista organizado”, afirmó Beiras, quien fue reprendido con un “¡usted cállese!” por el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, cuando insistió en hacer una declaración al margen de las preguntas.

El abogado defensor de los cuatro procesados —a los que el fiscal acusa de terrorismo y pide en total 64 años de cárcel— pretendía con su interrogatorio a los portavoces parlamentarios demostrar que en Galicia no existe un clima de violencia política. Al igual que Beiras, Jorquera destacó el carácter pacífico del nacionalismo aunque admitió que se han producido en los últimos años ataques con explosivos a sedes políticas y empresariales. Tanto Pedro Puy, del PP, como el socialista Abel Losada recordaron que oficinas de sus partidos en distintas localidades han sufrido explosiones en los últimos años y que esas acciones preocupan a los militantes. Ninguno quiso, sin embargo, atribuir esos atentados a un grupo concreto. También declaró desde el Parlamento el delegado del Gobierno, Samuel Juárez, quien insistió en que hay grupos violentos en Galicia que suponen “un potencial daño a personas y bienes”.

Por primera vez en un juicio contra presuntos miembros de Resistencia Galega, los cuatro independentistas que se sientan en el banquillo son acusados de pertenencia a banda terrorista. Para dos de ellos, Eduardo Vigo Domínguez y Roberto Rodríguez Fiallega, el fiscal pide en cada caso 20 años de cárcel. Según la acusación, ambos tramaban a finales de noviembre de 2011 un atentado para el Día de la Constitucíón. Fiallega entregó a Vigo tres termos metálicos con seis kilos de explosivos en total, que fueron interceptados por la policía en el coche de este último, en las proximidades de Santiago.

Para los otros dos acusados, María Osorio López y Antón Santos Pérez, el fiscal solicita 12 años de cárcel en cada caso. Les imputa por tener documentación sobre las acciones de Resistencia Galega en sus ordenadores personales. Y también por los documentos de identidad falsificados con sus fotografías que fueron hallados por la policía en casa de Fiallega.

Los cuatro encausados proclamaron su rechazo explícito a la violencia. “Todos los cambios tienen que ser democráticos y populares”, señaló Fiallega, quien, al igual que Vigo, negó que supiese que los termos incautados contenían explosivos. También aseguró que nunca había visto los documentos falsos encontrados en su domicilio. Vigo denunció además que recibe un trato discriminatorio en la cárcel “por ser independentista gallego”.