Las indecisiones de Fabra ante el desafío de Blasco tensionan al PP

El caso Blasco se ha convertido en una carga de profundidad para el liderazgo del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. El exconsejero y diputado Rafael Blasco, procesado por varios delitos relacionados con la gestión irregular de fondos destinados al Tercer Mundo, demostró en la noche del miércoles en una entrevista en 13 TV que tiene una estrategia clara para erosionar al presidente del PP y de la Generalitat. Fabra, por su parte, demostró que sigue indeciso y no tiene claro cómo afrontar el pulso de su diputado.

El resultado es un PP en estado de desorientación, en el que se adivinan ya importantes fisuras internas. Fisuras que Fabra quiso enmascarar este jueves al colocarse frente a las cámaras en compañía del presidente provincial de Valencia, Alfonso Rus, y la alcaldesa Rita Barberá. En la sede del PP, junto a los dos referentes principales del partido en la provincia, Fabra anunció que se examinarán las respuestas de Blasco en 13 TV “para ver si algunas [de sus] declaraciones son constitutivas de algún tipo de sanción”.

Una advertencia, que ni siquiera se había planteado a primera hora de la mañana, cuando la dirección regional del PP parecía partidaria de la vieja estrategia de no alimentar con nuevas declaraciones a la disidencia.

Sin embargo, las manifestaciones de Blasco en la noche del miércoles fueron de tal calibre que, conforme avanzaba el día, se hizo evidente que era imposible ignorarlas. El exconsejero procesado encontró la plataforma para fortalecer su posición a costa de minar la autoridad de Fabra en el programa El cascabel al gato de 13 TV. Un canal de televisión ultraconservador, cuyo consejo de administración está presidido por José María Más Millet, presidente de la Fundación Bancaja, y donde, según admite el propio PP, tiene intereses la familia Cotino.

La dirección del PP ve, tras la querella contra Castellano, a Blasco y Rus

En la entrevista, de casi 50 minutos de duración, Blasco recordó que el presidente de la Generalitat estuvo imputado en su etapa de alcalde de Castellón y no dimitió. El exconsejero atribuyó el informe de la Abogacía de la Generalitat —en el que solicitan 11 años de cárcel y 31 de inhabilitación para Blasco— “a consignas recibidas desde arriba” y recordó que este organismo tiene una dependencia funcional de Presidencia.

En sus respuestas, Blasco se mostró dispuesto a “obedecer lo que diga el presidente, [pero] sin caudillismos raros” y lo instó a no tomar ninguna decisión contra él — “un demócrata tiene que esperar a que haya una condena”— tras dejar claro que en ningún caso dejará su acta de diputado.

El desafío de Blasco incluyó, además, la reivindicación del expresidente popular Francisco Camps —“Se merece más consideración del PP que estar en punto muerto”— y una apelación al grupo de imputados del PP en las Cortes.

El diputado dice que no dejará su acta de diputado sin sentencia

Casi simultáneamente una desconocida Asociación contra la Corrupción en la Comunidad Valenciana presentaba una querella en el Tribunal Superior de Justicia contra el consejero y secretario regional del PP, Serafín Castellano, por unas supuestas adjudicaciones irregulares a una empresa constructora. Una querella que desató una guerra soterrada. Desde el entorno de la dirección regional del PP se insinuó que la alargada sombra de Blasco y Rus se proyectaba sobre una querella que busca la condición de imputado para el número dos del partido. El entorno de la dirección provincial del PP de Valencia tachó de insidia la insinuación.

El resultado se tradujo en una reunión de la Junta Directiva Provincial del PP de Valencia tensa y sin intervenciones. Fabra optó por ignorar los problemas internos y fijó la atención en la gestión de la Generalitat. Rus se limitó a proclamar la presunción de inocencia y la honradez de manera genérica, mientras unos y otros se marcaban con la mirada.

Fuentes del PP apuntaron ayer que la dirección regional del partido no reclamará el escaño a las exconsejeras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such y al exvicepresidente Vicente Rambla, cuando se decrete la inminente apertura de juicio oral en la pieza del TSJ por la adjudicación del pabellón de Fitur a Orange Market. Una decisión que obliga a Fabra a buscar otra vía distinta a la anunciada en su política de tolerancia cero contra la corrupción para apartar a Blasco del Grupo Popular, probablemente mediante su expulsión del PP.

La ausencia de una respuesta clara por parte de Fabra ha hecho que crezcan las voces que piden que se aparte a todos los diputados imputados. Tanto entre la militancia como en Génova, donde no ocultan su estupor por la remodelación de altos cargos realizada en Presidencia la semana pasada para aupar a una persona poco experta [Esther Pastor] al frente de la coordinación de las consejerías. Aunque por ahora, el principal problema pendiente del PP es el futuro de Blasco. Y Fabra, al menos por ahora, no parece haber encontrado la solución.