Altos cargos de Fraga y Touriño justifican que dejasen hacer a las cajas

No era cometido de la Xunta “interferir” en la política financiera de Caixa Galicia y Caixanova. No lo hizo el Gobierno bipartito que presidía Emilio Pérez Touriño, entre 2005 y 2009. Y tampoco los dos anteriores de Manuel Fraga. El primer día de comparecencias en la comisión parlamentaria que investiga la ruina de las cajas ratificó un secreto a voces: que la Xunta (y da igual el color) no quiso importunar a los todopoderosos gestores de las entidades financieras. También dejó patente que ningún Ejecutivo detectó problemas en los balances de ambas entidades, que una vez fusionadas han tenido que ser rescatadas con 9.000 millones de euros.

 Cuando se marchó el bipartito, en 2009, Caixanova y Caixa Galicia tenían ratios de solvencia “por encima de lo que marcaba el Banco de España”. Lo explicó así el conselleiro de Economía en ese Gobierno, el socialista José Ramón Fernández Antonio, ayer en el Parlamento: “Al cierre de 2008, las cajas reflejaban en sus cuentas anuales auditadas unos coeficientes de solvencia superiores a los exigidos”. El exconselleiro admitió que los informes que manejaba su gabinete apuntaban a un calentamiento de la economía que permitió a Galicia ser la comunidad que más creció y cerrar con superávit fiscal los ejercicios de 2006 y 2007, aunque el sobreendeudamiento, aclaró, venía gestándose desde 1997. “Hicimos lo que teníamos que hacer y es no provocar injerencias en la gestión financiera de las cajas”, dijo.

Por eso el conselleiro adoptó la decisión de no designar a un representante de la Xunta en las comisiones de control de Caixa Galicia y Caixanova. “Nuestro objetivo era reorientar la obra social y pusimos el acento en que apoyasen a nuestros sectores productivos”, aseguró en una intervención íntegramente en castellano. Negó que el buen comportamiento de Galicia durante su mandato pivotase sobre la especulación inmobiliaria “porque el impulsor de la economía en aquellos años fue el sector industrial”. Y defendió que la ley que impidió construir a menos de 500 metros de la costa promulgada por su Gobierno ya perseguía “cortar la burbuja”. Ante las reiteradas preguntas del PP, Fernández Antonio repitió que en ningún momento el regulador le alertó de que las cajas gallegas tuvieran problemas.

Antes, había comparecido en la misma sala José Álvarez Cobelas, director general de Política Financiera con Fraga entre 1997 y 2004. También él defendió que los distintos gobiernos del PP desistieran de su facultad legal para designar representantes en las comisiones de control de las cajas. No se cubrieron esos puestos porque hacerlo suponía dar entrada en el gobierno de esas entidades —aunque la ley alude a que la presencia de un representante del Ejecutivo tiene voz pero no voto en esos órganos— a la Xunta, que ya ejercía el control desde fuera con informes periódicos sobre su evolución. “Consideramos que la estructura de los órganos de gobierno era la adecuada, estaban representado los impositores, las entidades sociales, nunca defendimos que el Gobierno esté sentado en los órganos de las cajas, ¿cómo ibamos a controlar si estábamos en la gestión?”, se preguntó.

Cobelas detalló, tras desgranar un sinfín de ratios sobre solvencia, nivel de riesgo y activos, que, según la información que manejaba la Xunta, la situación de las dos cajas era en 2004 “buena, solvente, consistente” y que ambas presentaban resultados “por encima del sector”. Desde los bancos socialistas se le preguntó si había autorizado la venta de participaciones preferentes u obligaciones subordinadas a particulares. El exresponsable de Política Financiera no avaló la comercialización de preferentes, cuya supervisión corresponde, según dijo, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero admitió que los Gobiernos de los que formó parte sí ampararon la venta de subordinadas, otro producto financiero que entrampó a miles de clientes. “No recuerdo si autorizamos dos o tres emisiones de subordinadas, lo importante era si las entidades tenían solvencia para afrontar esas operaciones y la tenían”, explicó.

Para sorpresa de toda la oposición, Cobelas defendió que la burbuja inmobiliaria “no fue un problema en sí mismo” y quiso poner el acento en las absorciones de grandes inmobiliarias con dinero prestado por los bancos. Nada más dejar la Xunta, en 2004, Gobelas dio el salto a la dirección de la constructora de Ángel Jove.

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