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La fiscalía se plantea seguir indagando el espionaje a Camacho por ser senadora

Su condición de senadora permite mantener vivo el caso ya que se trata de un delito semipúblico.

La líder del PP catalán deberá comparecer en el Parlament a petición de CiU y ERC

Alicia Sánchez-Camacho, líder del PP catalán.
Alicia Sánchez-Camacho, líder del PP catalán.

Alicia Sánchez-Camacho se lo ha puesto difícil a la fiscalía. La líder del PP catalán ya no quiere saber quién ordenó grabar una conversación privada que mantuvo, en julio de 2010, con una antigua novia de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat. Cuando estalló el escándalo, el pasado febrero, Sánchez-Camacho demandó por la vía civil a la agencia de detectives Método 3 y se personó como afectada en la causa penal abierta para aclarar los hechos. Pero ahora, cuando la investigación estaba a punto de dar sus frutos, ha renunciado a ejercer acciones legales.

La senadora del PP pidió, el miércoles, que se archive la causa penal tras otorgar “el más amplio perdón” a Método 3. La agencia ha admitido que dos exempleados grabaron la conversación en el restaurante barcelonés de La Camarga. Sánchez-Camacho fue criticada ayer con dureza por todos los grupos del Parlamento catalán, que ven en su renuncia un intento por “silenciar” una investigación potencialmente incómoda. La senadora se dio por “satisfecha” porque, en su opinión, se ha llegado “hasta el final”. Su interlocutora, Victoria Álvarez, también ha pactado con la agencia de detectives y ha renunciado a la vía penal, aunque ayer matizó que no renuncia a saber la verdad.

Los partidos acusan a la líder del PP catalán de “silenciar” el caso

El final de la historia —o sea, quién encargó que el almuerzo privado fuera registrado con micrófono oculto— se desconoce. Y la fiscalía afronta un dilema: al tratarse de un delito semipúblico, el “perdón del ofendido” extingue la responsabilidad penal. Sin denunciante, no hay caso. Aunque hay excepciones. La fiscalía, por ejemplo, puede acusar si el delito afecta al interés general. Esa es la vía jurídica que exploran los fiscales para mantener abierta la investigación y esclarecer el escándalo del espionaje en Cataluña: Sánchez-Camacho es senadora y, por tanto, miembro de una alta institución del Estado. El “interés público” en proteger a esa institución justificaría su intervención, según distintas fuentes.

La juez ha preguntado a la fiscalía si quiere que se archive la causa —bajo secreto de sumario— o que continúen las pesquisas. La institución que dirige Eduardo Torres-Dulce aún no ha adoptado una decisión. El Cuerpo Nacional de Policía está ultimando un informe en el que desmenuza la documentación incautada en la sede de Método 3 y apunta a los posibles responsables de la trama. Los investigadores, pues, están en una fase muy avanzada y disponen de indicios sólidos. En febrero, los agentes detuvieron al director de la agencia, Francisco Marco, y a otros tres extrabajadores por revelación de secretos.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, afirmó ayer que, pese al acuerdo, la decisión está en manos de la juez

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, afirmó ayer que, pese al acuerdo, la decisión está en manos de la juez. “A lo mejor hay que acreditar quién es el causante de ese delito”, dijo Fernández Díaz, que expresó su “respeto” por la decisión de la líder del PP catalán. A petición de CiU y ERC, Sánchez-Camacho deberá comparecer en el Parlament, donde también es diputada, para explicar su renuncia.