Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

La juez Alaya imputa ocho delitos al dueño de la consultora Uniter

La juez eleva a 51,5 millones los pagos innecesarios de la Junta a las consultoras de los ERE

El administrador de Uniter, José González Mata, a la derecha, con su abogado.
El administrador de Uniter, José González Mata, a la derecha, con su abogado.

La juez que investiga los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, imputó este lunes ocho delitos a José González Mata, dueño de la consultora Uniter, una de las que mediaba en la tramitación de los expedientes de regulación de empleo. La juez acusa a González Mata de prevaricación, malversación, apropiación indebida, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales, asociación ilícita y delito contra la hacienda pública.

Alaya también cuestiona que la Junta pagara y autorizara a las consultoras a subcontratar abogados con el dinero destinado a los despedidos. González Mata compareció ayer ante Alaya y admitió que su empresa pagó 2,7 millones de euros a Estudios Jurídicos Villasís entre 2001 y 2007 para que este despacho de abogados asesorara a las asociaciones de trabajadores que se constituían para la tramitación de los ERE. Ese dinero, según el empresario jerezano, procedía del Fogasa y de la partida que la Junta de Andalucía reservaba a pagar las indemnizaciones a los trabajadores. La Consejería de Empleo siempre conoció y autorizó estos pagos, acordados entre la Administración, los sindicatos, Uniter y las empresas.

En la imputación que la juez leyó a González Mata, Alaya eleva a 51,5 millones de euros los gastos de corretaje innecesario pagados por la Junta a las mediadoras de los ERE. La cifra coincide con la apuntada en la investigación por la Guardia Civil, que había advertido de cobros por esas cantidades por parte de los sindicatos y de las consultoras (Uniter y Vitalia) en la tramitación de las pólizas de los expedientes de regulación de empleo. La juez advirtió que todo ese montante se pagó de forma indebida porque, según la dirección general de seguros, no hacen falta intermediarios para contratar con la Administración pública. La instructora recordó que la Junta ha admitido esta circunstancia al aprobar el año pasado un decreto en el que eliminó a las mediadoras en los ERE.

Durante las casi siete horas que duró el interrogatorio, el dueño de Uniter aseguró que él negoció casi toda la actividad de su empresa con el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. Con contadas excepciones: parte del expediente de Santana (2001) y del de la Faja Pirítica de Huelva (2003) los negoció con otro alto cargo de la Junta, un superior de Guerrero al que se refirió como Paquillo. Fuentes del caso apuntaron que, según la declaración del administrador de Uniter, este superior es el que era secretario general de Empleo entre 2000 y 2003, Francisco García Martínez, al que ya aludió el sindicalista Salvador Mesa (UGT) ante la Guardia Civil como negociador del ERE de la faja pirítica.

Antes de llegar a la secretaría general de Empleo, García Martínez fue alcalde de Guarromán (Jaén) con el PSOE, entre 1983 y 1995. Tras su paso por la Administración autonómica volvió en 2003 al Ayuntamiento de este municipio jiennense, en el que actualmente es teniente de alcalde.

El otro expediente que el dueño de Uniter asegura no haber negociado con Guerrero es el de Delphi, otro de los más caros incluidos en la causa, que, según González Mata tramitó con el exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, ya imputado por Alaya.

A preguntas de la juez, González Mata afirmó que cuando había retrasos en los pagos de las pólizas telefoneaba directamente al exconsejero de Empleo Antonio Fernández para que lo solucionara.

González Mata explicó que pagaba a los sindicatos el 0,5% del coste de cada póliza que se suscribía en los ERE, excepto en los casos de Delphi, Santana y Astilleros, donde pagó el 1%. El dueño de Uniter aseguró que su comisión por mediar en la tramitación de los expedientes era del 5% y que solo en algún caso recibió el 13%. Alaya le acusó de haber cobrado sobrecomisiones de hasta el 30%, lo que González Mata rechazó.

El interrogatorio, según fuentes del caso, fue tenso y la juez, el imputado y su abogado se enzarzaron en varias discusiones. González Mata asegura que la Junta le debe aún las comisiones correspondientes a pólizas de entre 200 y 300 millones de euros. “Si volviera a 2001 no volvería a trabajar con la Junta”, cuentas fuentes del caso que admitió el dueño de Uniter. A lo que la juez contestó: “Para como le ha ido, desde luego”.

González Mata volverá a comparecer este martes, para responder a las preguntas del fiscal y de los abogados. Después, la juez decidirá si adopta medidas cautelares contra el dueño de Uniter.