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El Consell gastó 7,2 millones en una fundación de propaganda protrasvase

Tres consejerías financiaron Agua y Progreso que se disolvió tras ganar Rajoy

El director de la fundación, José Alberto Comos, tercero por la izquierda, hoy director general de Agua, en 2005.
El director de la fundación, José Alberto Comos, tercero por la izquierda, hoy director general de Agua, en 2005.

Tres consejerías de la Generalitat alimentaron durante ocho años la Fundación Agua y Progreso, que el PP valenciano utilizó como instrumento de propaganda a favor del trasvase del Ebro desde que el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero derogó el proyecto, en 2004, hasta que Mariano Rajoy ganó las elecciones a finales de 2011 con un programa que ya no recogía la reivindicación de esa obra hidráulica. Las arcas de las Generalitat desembolsaron un total de 7,2 millones de euros para financiar la fundación, según los datos ofrecidos por el vicepresidente, José Ciscar, en una respuesta al diputado socialista Francesc Signes.

Agua y Progreso, que todavía en 2011 destinó 68.000 euros en propaganda a favor del trasvase del Ebro, de cara a la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de ese año, tenía como finalidad, según Ciscar, “fomentar el uso racional y solidario de los derechos relativos al agua y, en particular, impulsar la defensa de una política hidráulica adecuada a las necesidades de la Comunidad Valenciana”. Para el diputado Signes, que recuerda campañas como la de Agua para todos, no fue más que “un arma de agitación controlada totalmente por el PP y basada en una gran mentira, la de un trasvase del Ebro que sabían perfectamente que era inviable”.

Agua y Progreso no se nutrió solo de la Generalitat, dado que otras instituciones controladas por el PP como las diputaciones provinciales hicieron aportaciones a su funcionamiento. Los 7,2 millones que aportó el Consell, procedían de Presidencia entre 2004 y 2007; de la Consejería de Agricultura, Agua, Urbanismo y Vivienda, entre 2008 y 2011, y de la nueva consejería de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua que gestiona el vicepresidente Ciscar, en 2012. De 2006 a 2009, los gobiernos de Francisco Camps dotaron Agua y Progreso de aportaciones anuales que superaron el millón de euros.

Fue la época en que el PP valenciano arremetió contra la política de la ministra socialista de Medio Ambiente Cristina Narbona. “La era de Cristina Narbona fue muy dura para la Comunidad Valenciana”, se hartó de repetir en entrevistas y tertulias televisivas el director de fundación, José Alberto Comos, antes de ser nombrado director general del Agua en la Generalitat, cargo para el que fue fichado en mayo de 2012, nada más quedó disuelta Agua y Progreso.

“No les deben nada, ni un euro”, exclama Signes, en referencia a que el Consell ha satisfecho todos y cada uno de sus compromisos con Agua y Progreso. El diputado socialista quiere saber en qué se gastaron los 7,2 millones y ha presentado nuevas preguntas en las que reclama copia completa de los expedientes con los que se justificó cada subvención. Así como de los informes y resoluciones emitidos por los servicios administrativos y económicos.

“Con siete millones de euros se habría acabado la estación potabilizadora de La Ribera, donde hay problemas de abastecimiento de agua potable; se habría ejecutado la obra de adecuación del barranco de Puçol o las infraestructuras hidráulicas del postrasvase Júcar-Vinalopó”, apunta el diputado socialista como ejemplos del destino que podría haberse dado a unos fondos públicos que se usaron para “hacer propaganda” de un trasvase, el del Ebro, “que el PP sabía que no podía llevarse a cabo, aunque solo fuera porque estaba condicionado a la ejecución del denominado pacto del agua de Aragón, que garantizaba 600 hectómetros cúbicos a esa zona antes de plantearse cualquier otra transferencia hídrica”.

“Agua y Progreso gastó más de siete millones de euros en engañar a los valencianos y enfrentarlos a otras comunidades autónomas”, concluye Signes.

El agua que se arroja al mar

ADOLF BELTRAN

Un total de 668,34 hectómetros cúbicos de agua residual fueron vertidos al mar desde territorio valenciano en 2012, “más del doble de los 300 hectómetros cúbicos que se asignaban a toda la Comunidad Valenciana en el derogado proyecto de trasvase del Ebro”, afirma el diputado socialista Francesc Signes, que se basa en datos obtenidos del Consell.

Según las cifras de las respuestas que el vicepresidente José Ciscar ha dado a preguntas parlamentarias de Signes, en 2012 se vertieron al mar desde puntos autorizados cerca de 668,5 hectómetros cúbicos, de los que 168,58 corresponden a emisarios submarinos de estaciones depuradoras y el resto a puntos de vertido directo. El diputado pidió los datos para hacer un seguimiento de la nueva tasa de vertidos creada por el Consell que preside Alberto Fabra dentro de sus anunciados “tributos o impuestos ambientales”.

“Mientras en 2011 solo se reutilizaron unos 300 hectómetros cúbicos de los cerca de 475 de aguas residuales que se depuran”, indica Signes, “ahora el Gobierno valenciano reconoce que se lanzan al mar, sin reutilizar, más de 668 hectómetros cúbicos. Estos datos dejan en evidencia la falsedad de toda la propaganda del último decenio del PP valenciano y ponen de manifiesto el largo camino que, como denunciábamos hace años desde el PSPV, le queda al Consell para reutilizar la mayor parte de las aguas residuales que producimos”.