Imputado por amenazas el nuevo rector de la universidad Rey Juan Carlos

La Universidad Rey Juan Carlos de Madrid anda revuelta. El hasta ahora vicerrector de Ordenación Académica, Fernando Suárez, fue nombrado el jueves rector en funciones para suceder a Pedro González-Trevijano, nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. Esta sucesión se ha visto empañada por la imputación de Suárez en un presunto delito de amenazas vertidas contra el director del Departamento de Estadística.

Según la querella interpuesta por A. Alonso, Suárez lo amenazó hace tres años con quitarle carga docente y despedir a profesores si su departamento no retiraba el apoyo a David Ríos, catedrático de Estadística y rival de Trevijano en las elecciones a rector de 2009. Ríos recurrió la candidatura de Trevijano al ver fraude de ley en que concurriera por tercera vez consecutiva. El Tribunal Superior de Justicia le dio la razón en 2011, pues Trevijano había agotado ya los dos mandatos legales. Pero el Constitucional admitió a trámite el recurso deTrevijano y anuló la sentencia.

“Los profesores del departamento empezamos a sufrir las presiones del rectorado para que retiráramos nuestro apoyo a Ríos, pero siempre dejamos claro que nosotros estábamos al margen de esa disputa”, sostiene una profesora de Estadística. Alonso grabó en octubre de 2010 una conversación que mantuvo con Fernando Suárez, vicerrector de Ordenación Académica durante el mandato de Trevijano, con el fin de registrar las supuestas amenazas que habían llegado a sus oídos a través de terceros. En esa reunión, Suárez insistió en que el departamento debía aislar a su catedrático mediante una carta firmada por todos los miembros y en la que manifestaran públicamente su desvinculación. “Esto tendrá sus consecuencias, pasarán cosas, cosas muy desagradables que ni tú ni yo queremos que pasen, lo que quiero es que David pare de una puta vez”, asegura presuntamente Suárez en una de las grabaciones, recogidas en la querella y que han sido admitidas como prueba por el Juzgado de Instrucción 4 de Móstoles, según afirma el abogado de Alonso. Este periódico se ha puesto en contacto con Suárez, que ha preferido no pronunciarse.

Tres años después de aquella reunión, Alonso cree que las amenazas de Suárez se han cumplido. La carga docente de su departamento ha disminuido un 40%. De una veintena de profesores en 2010, este año solo quedan siete.

En agosto, siete de ellos contratados como doctores (es decir, personal no funcionario, pero indefinido) se enteraban de su despido por una transferencia bancaria. La universidad (35.000 alumnos) culpó a los recortes de la Comunidad. “Alegaron causas económicas, pero hace apenas un mes la universidad liquidó el presupuesto de 2012 con superávit”, critica una de las despedidas.

Ríos vincula esa situación con su mala relación con el rectorado. Un miembro de la plataforma de profesores del campus de Alcorcón reivindica la labor de denuncia que durante estos años ha llevado a cabo Ríos: “No me extraña lo que ha sucedido en Estadística. En esta universidad hay una gran falta de transparencia y nadie se atreve a hablar. Todos pensamos que si han hecho esto a un catedrático y a su equipo, ¿qué nos podrían hacer a nosotros?”.

La universidad ve oportunista la denuncia de unos hechos ocurridos presuntamente hace tres años. El jueves se convocaron elecciones a rector para el 9 de julio, fecha en la que la mayor parte de la comunidad universitaria, y especialmente los estudiantes, se encuentran de vacaciones. Ríos aún no ha decidido si va a presentarse.