El Gobierno halla ilegalidades en la resolución contra la venta de ATLL

El gabinete jurídico de la Generalitat considera que existen indicios de ilegalidad en la actuación que el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) llevó a cabo para elaborar la resolución sobre la adjudicación de Aguas Ter-Llobregat (ATLL), en la que este anulaba la concesión a Acciona al señalar que la oferta liderada por el grupo constructor no cumplía el pliego de condiciones del concurso. Y no solo duda del OARCC. También desconfía del proceder de uno de los miembros de la mesa de contratación que participó en el concurso, Joan Antoni Rosell, director general de la empresa pública Infraestructures.cat (antigua Gisa), quien, a espaldas del resto de miembros de la mesa, habría dado argumentos al OARCC en contra de la oferta de Acciona. La Generalitat ya denunció ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que el OARCC resolvió sin ni tan solo “verificar” la oferta técnica de Acciona.

La prueba de esas sospechas consta en el expediente que el OARCC remitió al TSJC con toda la documentación usada para redactar su resolución. Las páginas 1.100, 1.101 y 1.102 de ese expediente, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, han generado sorpresa entre los juristas de la Administración, que han reclamado al TSJC que pida explicaciones al OARCC, e indignación en una buena parte de los altos cargos que participaron en la adjudicación y que con ese correo ven confirmada sus sospechas de la existencia de una mano oculta contra su decisión.

El origen de la nueva polémica se halla en un correo electrónico titulado Preguntas técnicas sobre expediente de contratación, con el que el director del OARCC, Juan Antonio Gallo, se puso en contacto el pasado 20 de diciembre con Rosell y Albert Farreras, director de la división de obras hidráulicas de Infraestructures.cat y ajeno a la mesa de contratación, para conocer detalles de la oferta técnica de Acciona y pedir su opinión al respecto “a efectos meramente periciales y orientativos”.

Efectos de los atrasos

Una de esas preguntas, la segunda, hace justamente referencia al argumento que usó el OARCC para tumbar la oferta de Acciona: “¿Qué importancia tiene el hecho de la modificación del calendario de ejecución de obras en la tarifa? ¿Se ha modificado realmente el calendario de ejecución?”.

Y la respuesta, que consta en dos folios sin firma ni membrete oficial que acompañan al correo electrónico, da pistas sobre lo que después decidió el órgano de recursos contractuales, que depende del Departamento de Presidencia. Tras explicar cómo afecta el “avance” y el “atraso” de las inversiones en el coste de tarifa, la respuesta remitida al OARCC argumenta que “Acciona deja el plazo de ejecución en 10 años, pero modifica la distribución anual de las obras, atrasando el ritmo propuesto en el pliego y por tanto reduciendo los costes a repercutir sobre la tarifa. El atraso de las obras cuestiona las mejoras de rendimiento de las plantas de tratamiento que oferta”.

Al final del documento, se despacha con una respuesta que ni tan siquiera había sido requerida por Gallo, después de haber respondido a las tres cuestiones solicitadas. “Pero el problema fundamental”, empieza esta última valoración, “que hemos visto en la oferta económica de Acciona es la falta de coherencia entre su oferta económica y la justificación de las cifras presentadas”. Fuentes vinculadas al proceso de adjudicación de ATLL consultadas por este diario negaron que Rosell hubiera manifestado esas dudas en las reuniones de la mesa de contratación y que, menos aún, emitiera un voto particular en ese sentido para frenar la adjudicación a Acciona, que ganó el concurso gracias al precio de tarifa del agua ofertado, pese a que Agbar considera que esa oferta es inviable económicamente.

El Departamento de Presidencia se niega a valorar la actuación del OARCC, aduciendo a su independencia, pero admite que el gabinete jurídico ha requerido al TSJC para que pida más información al respecto. Por su parte, la Consejería de Economía, de la que depende Infraestructures.cat, evitó también aportar la versión de Rosell sobre los hechos, argumentando que el caso está judicializado. Dos miembros de otros organismos de resoluciones de contratos administrativos admitieron, preguntados por este diario, que Gallo habría actuado incorrectamente con su correo electrónico, si bien otras fuentes matizan que la dimensión de la operación sobre la que tenía que resolver podría dar argumentos al director del OARCC para complementar su información. Pero ninguna de las personas consultadas se atreve a valorar si la resolución debería ser anulada.

El gabinete jurídico de la Generalitat requiere al TSJC sobre este asunto

Una de las cuestiones que está en el aire es por qué Gallo restringió su consulta a Rosell y a Farreras y no la extendió al resto de miembros de la mesa y de departamentos relacionados, como ordenaría la Ley de Contratos del Sector Público. La respuesta más factible es la confianza que existe entre ellos. Fuentes consultadas aseguran que Gallo conoce a Rosell de los primeros años 2000, cuando este era subdirector general de infraestructuras de la Consejería de Agricultura y Farreras era responsable de Regsa, la empresa pública dependiente de la Generalitat. En aquellos años, los últimos de Jordi Pujol al frente de la Generalitat, el secretario general de Agricultura era el actual consejero de Justicia, Germà Gordó, a quien todas las fuentes consultadas sitúan como el gran defensor de Agbar en la privatización de ATLL.

Una fuente consultada vinculada al Departamento de Territorio, la consejería responsable del concurso, asegura que si el OARCC tenía dudas sobre algún hecho relevante debería haber abierto de forma transparente para todas las partes un periodo de prueba y pedir los informes que estime necesarios. Pero siempre advirtiendo a todas las partes y quedando al margen personas implicadas directamente en el proceso, como era el caso de Rosell.