El duque de Palma, Camps y Barberá

Las causas judiciales abiertas contra aforados valencianos avanzan al ritmo que permiten los escasos medios del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), un órgano que además no fue diseñado para el volumen de investigaciones penales que ha asumido como consecuencia del alud de corrupción de los últimos años. Tales carencias, unidas a la complejidad de los casos, el alto número de imputados en varias de ellas y el garantista sistema procesal español hacen que las causas que se siguen en el Tribunal Superior tiendan a aumentar antes que a disminuir.

Con nueve diputados de las Cortes Valencianas ya imputados, la Sala Civil y Penal tiene que decidir próximamente sobre las dos exposiciones razonadas de motivos que le han remitido dos jueces y que afectan a otros tres parlamentarios. De un lado, a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y al expresidente de la Generalitat Francisco Camps, a quien el juez de Palma José Castro atribuye de forma indiciaria los delitos de malversación, fraude a la Administración, prevaricación y falsedad documental por los cerca de 3,5 millones de euros que concedieron presuntamente a dedo al instituto Nóos de Iñaki Urdangarin.

La Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia abonaron al instituto del duque de Palma 3,1 millones de euros por tres ediciones de un encuentro deportivo llamado Valencia Summit. Y el Consell pagó otros 382.203 euros, aunque el convenio firmado era por tres millones, por unos Juegos Europeos que no se celebraron. El juez considera que Barberá y Camps acordaron directamente con Urdangarin la celebración de esos los actos, desdeñando las normas de contratación de las Administraciones.

Los magistrados deben decidir igualmente sobre la denuncia formulada contra Ricardo Costa por una persona, que incluye una supuesta entrega irregular de dinero al que fuera número dos del PP valenciano. Según algunas fuentes, el denunciante estuvo vinculado a una empresa constructora, lo que elevaría las similitudes con la imputación que ya pesa contra Costa y el resto de la antigua dirección del PP regional por financiación ilegal dentro del caso Gürtel.