Una bancada difícil de gestionar

Hay en el seno del PP quienes piensan que la suerte del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, es que cada semana aparece un problema nuevo que oculta el anterior. El inconveniente es que, al final, se acumulan los problemas a la espera de una solución definitiva. Eso es, más o menos, lo que ha ocurrido esta semana con el diputado Rafael Blasco, que ha participado con normalidad en la vida del Grupo Popular en las Cortes Valencianas. Como si la Abogacía de la Generalitat no pidiese para él 11 años de cárcel y 31 de inhabilitación como responsable de buena parte de las supuestas irregularidades cometidas en la gestión de los fondos destinados al Tercer Mundo.

El exconsejero y exportavoz parlamentario Rafael Blasco sabe que forma parte de un partido donde impera una cultura basada en la resistencia, donde agotar por cansancio al adversario tiene sus frutos, aunque ello implique arrastrar por el fango los valores más elementales.

Esa resistencia es la que le ha permitido a Blasco ganar tiempo —obligando al jefe del Consell a esperar el auto de apertura del juicio oral— y diluir el elemento diferenciador que le separaba del resto de diputados imputados —la petición de penas de la Abogacía de la Generalitat—.

No es el primer revés que sufre la política de tolerancia cero contra la corrupción por parte del presidente de la Generalitat. Otros imputados del Grupo Popular también han conseguido rebajar la presión sobre ellos. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, anunció a finales de julio de 2012 que dimitiría como diputada autonómica si resultaba imputada. Casi un año después, Castedo sigue en su escaño. Igual que su antecesor en el Ayuntamiento de Alicante, Luis Díaz Alperi, que acude a las sesiones parlamentarias acompañado de su hija Elisa.

También Ricardo Costa, imputado en varias piezas del caso Gürtel, sigue siendo indispensable en la bancada popular en los debates económicos. Otros imputados de relumbrón, como las exconsejeras de Turismo Milagrosa Martínez (para quien la Fiscalía Anticorrupción también pide penas de cárcel) y Angélica Such (la Fiscalía pide penas de inhabilitación) complican también la toma de decisiones. En este caso, ambas aúnan el simbolismo de haber estado en la Mesa de las Cortes. Martínez como presidenta y Such como secretaria primera.

En total Fabra debe gestionar una bancada con nueve imputados, varios ya procesados, y dos pesos pesados como Rita Barberá y Francisco Camps —que llenó el grupo de fieles— pendientes de lo que decida el TSJ. Y por ahora solo una baja: la del dimitido alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, que esperó a tener una sentencia condenatoria. Toda una bancada muy difícil de gestionar.