Los huidos de ETA piden a la justicia que haga tabla rasa

Algo más de un centenar de huidos, exiliados de ETA han recibido este sábado en Biarritz (Francia) un baño de multitudes en un acto que ha reunido a unas 3.000 personas y en el que han vuelto a solicitar "a los poderes públicos y agentes sociales" de España y Francia que adopten "medidas para garantizar nuestros derechos básicos y a una vida digna", así como "la vuelta a casa" de "todos los represaliados vascos".

Dos de los integrantes del grupo de 14 interlocutores nombrado por el colectivo de huidos y deportados de ETA (EIPK), Jon Garmendia y Lurdes Mendinueta, han leído el documento que recoge la "aportación" de los exiliados para la "resolución del conflicto" tras la decisión de ETA de abandonar su actividad terrorista. Han comentado que son "más de 300" las personas que tuvieron que "huir de Euskal Herria por motivos políticos" y a causa de "la persecución represiva", y que ahora asumen el "compromiso" de erigirse en un "agente activo" en el marco del "proceso abierto para dar una solución democrática" tras el fin de la violencia.

Aseguran que 300 personas  tuvieron que "huir de Euskal Herria por motivos políticos" 

Al acto han asistido el exdirigente de Herri Batasuna Tasio Erkizia, la líder del sindicato abertzale, Ainhoa Etxaide, el responsable de Batasuna en el País Vasco francés, Xabi Larralde, y el portavoz de la plataforma de apoyo a los presos etarras Herrira, Jon Garay, entre otros. También ha estado presente el alcalde de Biarritz, el centrista Didier Borotra, a quien la organización ha agradecido la cesión de la sala Irati donde se ha escenificado el reencuentro de los exiliados.

Sobre un escenario enmoquetado con hierba artificial, decorado con alambradas de pinchos y la simbología propia de los grandes homenajes que organiza la izquierda abertzale, los portavoces del colectivo de huidos han demandado la "suspensión de los procesos judiciales basados en declaraciones arrancadas bajo tortura", además de los juicios que "debieran estar archivados o prescritos" y los que "vulneran los derechos de opinión, expresión y reunión". También han reclamado que se garantice "la libertad de movimientos" de las personas "confinadas o deportadas en diferentes países del mundo".

"Ongi etorri" (Bienvenidos) y "eskerrik asko" (gracias) han sido los dos mensajes que los organizadores han querido trasladar a los exiliados. En el repaso realizado mediante un video de los hechos más relevantes ocurridos en el último medio siglo, han arreciado los aplausos de los asistentes cuando aparecían las imágenes de históricos dirigentes de ETA, de Arnaldo Otegi o a los tres etarras encapuchados que leyeron el comunicado de la banda en el que declaraba el fin definitivo a su actividad criminal. En el acto no se ha realizado una sola alusión a los atentados y muertes cometidas por la organización terrorista -837 asesinatos, según el último estudio realizado por el Gobierno vasco-.

Reclaman suspender los procesos judiciales "basados en declaraciones arrancadas bajo tortura" y los que "debieran estar prescritos"

Una carta de Joseba Sarrionaindia, fugado de la cárcel de Martutene escondido en los altavoces del cantante Imanol, o los videos enviados desde Cabo Verde o Cuba con el testimonio de "represaliados" animando a la "lucha" y la "desobediencia", han dado paso a la aparición, en la parte final del acto, de los exiliados, la mayoría residentes en el País vasco francés.

El colectivo ha querido precisar que sus miembros no quieren establecer un diálogo directo con los Estados español y francés, sino que son "España y Francia los que deben hablar con ETA para proceder a un cierre ordenado del ciclo" de la violencia. "Nosotros queremos hablar con el pueblo", ha matizado Garmendia.

Entre los miembros del grupo de interlocutores de EIPK se encuentra Eloy Uriarte, El señor Robles, de 70 años y escondido en Francia, detenido en 1989 acusado de ser el tesorero de ETA que cobraba el impuesto revolucionario a empresarios. También figura Tomás Linaza, de 57 años, a quien la Policía le vincula con la emboscada y asesinato en 1980 de seis guardias civiles en Lekeitio (Bizkaia).