Una deuda mal entendida

La situación económica de la residencia de ancianos Can Serra, en Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) se ha vuelto insostenible. Las pugnas financieras entre el Ayuntamiento, propietario del centro y la empresa IDEA, encargada de su gestión, han abocado a la quiebra de su geriátrico municipal.

La gestora de la residencia acusa al ente municipal de “retener ilegalmente” parte de los ingresos que reciben de la Generalitat y desviarlos para sufragar la deuda hipotecaria del centro. Por su parte, el Ayuntamiento alega que emplean ese dinero para costear un canon anual de más de 400.000 euros que debía abonarles la empresa gestora y, según el Consistorio, nunca se ha hecho efectivo al 100%. En medio de la disputa, el futuro de 135 ancianos y 60 trabajadores pende de un acuerdo entre las partes, que no llega.

La gestora acusa al ente municipal de “retener ilegalmente” parte del dinero

Las relaciones entre la sociedad municipal y la administradora de la residencia se encuentran lejos de llegar a buen puerto. En un último movimiento a la desesperada, la gestora ha emprendido acciones legales para denunciar las “retenciones irregulares” que efectúa el Ayuntamiento desde el verano pasado, con parte de los 100.000 euros mensuales que les asigna el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) en concepto de mantenimiento del servicio a usuarios del sistema público en la atención a la dependencia. Según los responsables de IDEA, la cantidad retenida por el Ayuntamiento ya asciende a más de medio millón de euros. “Hemos puesto una demanda en el contencioso-administrativo porque, financieramente, ya no podemos aguantar más esta situación”, señala el director general de la empresa IDEA, Rafael Sánchez. “No es un tema de morosidad; se trata de un uso ilegal de los caudales públicos. Estamos en una situación desesperada y si esto sigue así, tendremos que poner en marcha un ERE en la plantilla y trasladar a los pacientes a otro centro”, añade. El responsable de la gestora asegura que este es el último mes que podrán mantener la residencia abierta en esta situación.

Por su parte, el alcalde de la localidad y presidente de la sociedad municipal, Enric Carbonell, achaca a la entidad administradora el impago de un canon anual que recoge el contrato de cesión de la gestión, firmado por ambas partes en diciembre de 2011. El edil de Sant Esteve Sesrovires explica que el cobro de este canon servía “para financiar las instalaciones del centro”, pero, como la gestora no concluyó los pagos correspondientes, acudieron a las partidas del ICASS para sufragar las deudas. Carbonell rechaza que se trate “de ningún tipo de retención y, mucho menos, irregular”. “Ellos estaban al tanto del sistema que había tomado la sociedad municipal para cobrar parte del canon y habían mostrado su conformidad con el proceso”, señala.

El Consistorio dice que lo emplea para costear un canon anual exigido

En esta guerra de reproches y acusaciones, la empresa gestora esgrime que el requisito de 409.000 euros anuales —más IVA— que recogía el contrato era “absurdo e imposible de asumir para una residencia como Can Serra”. Según el titular de IDEA, los “cánones normales” aplicables a este tipo de centros rondan los 40.000 euros: “En una residencia como esta, el canon máximo que se puede pagar es de 100.000 euros al año y casi sin beneficios para la gestora”, apunta. Sánchez argumenta, además, que contaron con el apoyo del ICASS y la sociedad municipal e incluso llegaron a firmar un acuerdo con el Ayuntamiento en el que el alcalde certificaba que esa cláusula “no era aplicable”. El edil de San Esteve Sesrovires, sin embargo, niega haber firmado dicho acuerdo.

En medio del cruce de acusaciones entre las partes, una portavoz del ICASS ha confirmado que la entidad pública está “al tanto de la situación” y ya se han puesto en contacto con el Ayuntamiento. “Tienen la obligación de revertir el dinero y que vaya a parar directamente a las plazas de la residencia”, apunta. La portavoz asegura que, de no solventarse el conflicto, el ICASS tomará “medidas de presión más severas y rápidas”.

El único punto de encuentro entre ambos es el de mantener el centro

El único punto de encuentro entre los litigantes es la prioridad de garantizar la continuidad del centro. Para ello, la empresa gestora, que también ha denunciado el caso ante el Defensor del Pueblo, ha solicitado al ICASS que intervenga el contrato existente para asegurar que sean ellos los que reciban directamente el pago correspondiente al servicio asistencial desarrollado, sin mediación de la sociedad municipal. El Consistorio, en cambio, asegura estar buscando soluciones como “una restructuración de la deuda con la entidad bancaria que le concedió el crédito hipotecario”, y reconoce, además, que se están planteando otro modelo de gestión. “Entendemos que la gestora no está pasando por un buen momento, sobre todo desde que el ICASS bajó los precios de las plazas públicas, por lo que les invitamos a hacer una reflexión sobre la posibilidad de pasar la administración de la residencia a una gestión directa”, apunta Carbonell.

Queda un mes para desenmarañar el asunto, para no cerrar el geriátrico municipal de Can Serra.