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El arbitraje de preferentes le cuesta a la Xunta unos 3.000 euros cada día

Hace un año la Xunta reconocía que no había funcionarios suficientes

Tramitar las 56.000 peticiones de arbitraje de acciones preferentes que ha acumulado en los últimos meses la Xunta —15.000 ya resueltos— le costarán unos 3.000 euros al día, entre sobresueldos a funcionarios elegidos a dedo y pagos a empresas privadas de apoyo. Es solo una más de las facturas que la crisis de las cajas, rescatadas con fondos públicos, sigue cargando sobre las arcas autonómicas. El Gobierno gallego no aclara ni ese coste ni el del refuerzo judicial anunciado ayer para afrontar la avalancha de demandas de los afectados que no logren arbitraje.

Hace un año la Xunta reconocía que no había funcionarios suficientes en el Instituto Galego de Consumo para resolver los arbitrajes que esperaba. Por ello, pidió voluntarios a otros departamentos, pero seleccionados por cada consellería. Para esos funcionarios elegidos a dedo se estableció que “el número mínimo de laudos arbitrales resueltos deberá ser de cinco por día de trabajo” y para incentivarlos fijó una “compensación económica”: “El exceso de laudos arbitrales sobre el mínimo, hasta un máximo de cinco diarios, se abonará a 20 euros el laudo”. El pasdo lunes, la agencia Europa Press desveló que Consumo ha contado esta semana con 20 funcionarios que arbitran cada día 520 casos, cifra que el jueves La Voz de Galicia elevaba a “entre 25 y 30 árbitros”. Cada funcionario resolvería entre 17 y 26 arbitrajes al día, lo que reportaría a cada uno el máximo de cien euros diarios de sobresueldo. Esto es, al menos 2.000 euros al día de pluses.

Pese a que Novagalicia insiste en que los arbitrajes finalizan en agosto, el presidente Feijóo se mostró el jueves partidario de continuarlos. De hecho, la Xunta inició ayer la contratación por nueve meses de una empresa que ayude en el proceso por 182.000 euros. Los seis trabajadores así contratados apoyarán en el “prediagnóstico” de cada caso y en la “comunicación con los afectados”. Este contrato se suma a otros dos similares y previos de tres meses cada uno por 105.000 euros. Así, cada día de trabajo efectivo de las asistencias externas le supone a la Xunta unos 1.000 euros, a sumar a los 2.000 en pluses a funcionarios.

El Gobierno gallego, sin embargo, oculta el número de árbitros y se niega a desvelar si sigue pagando los sobresueldos a dedo. En todo caso, no ha modificado la Instrucción que los contempla. Así que se limita a contestar que “la Xunta no va a entrar a comentarlo” ya que eso “no es lo importante” ahora, sino “ponee todos los medios” para resolver el problema. Entre esos medios están los presentados ayer con el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que incluyen refuerzos de personal y “medidas de carácter tecnológico, logístico y procesual” cuyo coste tampoco se detalla.

También ayer se supo que el comisario de Competencia de la Unión Europea, Joaquín Almunia, comunicó a la comisión de investigación sobre las cajas del Parlamento de Galicia que no enviará la información de que dispone. Dice que lo impiden “las obligaciones de confidencialidad hacia el Reino de España y la entidad” y apunta que lo no confidencial está en la web de la UE. La negativa de la Comisión Europea, criticada por todos los grupos, se suma a las del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La Xunta sí remitió sus documentos, pero con el requisito de que el Parlamento mantenga la mitad bajo secreto.

 

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