Blanco insiste en que el supuesto trato de favor a Orozco es “una completa fantasía”

La defensa recurre el archivo de la causa antes de que la Sala decida sobre el suplicatorio

José Blanco en el Congreso
José Blanco en el Congreso LUIS SEVILLANO

La defensa del exministro del PSOE José Blanco, imputado por el Tribunal Supremo en un supuesto tráfico de influencias derivado de la Operación Campeón, ha vuelto a pedir a la Sala de lo Penal que archive la causa por considerar una "completa fantasía" los argumentos del Ministerio Público para acusarle de intervenir a finales de 2010 ante al alcalde de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) al objeto de que tratara de otorgar una licencia a la empresa Azkar, cuyo vicepresidente es su amigo personal José Antonio Orozco.

En un escrito de 50 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa insiste en los argumentos reflejados en recursos anteriores y concreta que este no supone recurrir la propuesta realizada por el instructor del caso de pedir que se tramite el suplicatorio contra Blanco en el Congreso, sino insistir en su postura frente a los argumentos dados por el juez para rechazar el archivo de la causa. El abogado de Blanco afirma que el vicepresidente de Azkar llamó a José Blanco porque quería reunirse con el alcalde de Santo Boi, Jaume Bosch, y explicarle el proyecto de una nave industrial que estaba construyendo y cuya verdadera naturaleza, "según parece, los técnicos de Sant Boi no terminaban de entender". "Nada más; le pidió una reunión con el alcalde", subraya el escrito. La defensa insiste en que lo único que hizo José Blanco fue comentarle el tema al secretario de Estado de Transportes, Isaías Táboas, para ver si el alcalde podía recibir a Orozco. "No hizo nada más; ni habló con el alcalde, ni contactó con él de ninguna forma, ni mucho menos le influyó ni le presionó ni le coaccionó, ni se prevalió de ninguna relación de superioridad ni de amistad para que hiciera nada en absoluto".

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La defensa asegura que Blanco no conoce al alcalde de Sant Boi ni le ha visto nunca en su vida, por lo que advertir en su actuación un tráfico de influencias "es una completa fantasía".  El escrito carga especialmente contra el fiscal del caso, Manuel Doltz, de quien la defensa dice que prescinde de argumentar "dónde advierte el prevalimiento, la presión, la instrucción precisa" que habría dado Blanco para que la licencia "se concediese a despecho de la legalidad". "La solvencia jurídica de la pretensión de la Fiscalía equivale a cero", continúa el escrito, para cargar a continuación con lo que denomina "pseudoinformes policiales orientados a una conclusión determinada".

Además, Blanco critica duramente a la UDEF, a la que acusa de realizar "un procedimiento paralelo, de espaldas al imputado", impulsando la realización de informes al margen de las resoluciones expresas del instructor del caso y ocultos a la defensa. Todo ello ha originado a esta parte una "grave indefensión", según Martínez-Fresneda. El escrito también se dedica a rechazar la comisión por el exministro del PSOE de otros delitos relacionados con esta causa que finalmente no han sido señalados por el juez Soriano en su propuesta a la Sala Segunda para la petición formal del suplicatorio a las Cortes, como son la prevaricación y el cohecho.

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