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El caso de Blasco pone a debate el papel de la Sindicatura contra la corrupción

El organismo afirma que es habitual reunirse con los "fiscalizados"

El exconsejero Rafael Blasco, entre otros, durante la sesión de control a Fabra en las Cortes.
El exconsejero Rafael Blasco, entre otros, durante la sesión de control a Fabra en las Cortes.

Fue el propio consejero y portavoz parlamentario del PP quien buscó en 2011 un informe de la Sindicatura de Comptes que pudiera exhibir como una exculpación. Rafael Blasco no lo consiguió. El informe detectó 1,1 millones de euros sin acreditar en dos subvenciones de su consejería para la cooperación en Nicaragua que sumaban 1,6 millones. El caso, que ya estaba denunciado en la Fiscalía Anticorrupción por las diputadas Clara Tirado (del PSPV-PSOE) y Mireia Mollà (de Compromís) ha llevado dos años después al procesamiento de Blasco, para quien la propia Generalitat, pide 11 años de cárcel.

Compromís aprovechó la sesión de control de este jueves al jefe del Consell en las Cortes para poner el papel de la Sindicatura a debate por el procedimiento que llevó al informe. Los diputados Fran Ferri y Mònica Oltra revelaron sendas reuniones con Rafael Blasco, el 14 de enero de 2011 y el 22 de febrero de ese año, cuando la Sindicatura estaba preparando el informe. Oltra añadió a esas dos reuniones con Blasco, por las que el Síndic Major de Comptes, Rafael Vicente Queralt, tuvo que declarar ante la juez que investiga el caso cooperación, otras seis con Alexandre Català, subsecretario de la consejería, y otra con Josep Maria Felip, director general. Todos están imputados y afrontan peticiones de cárcel.

En ninguna de esas reuniones, explicó Oltra, los visitantes fueron identificados a la entrada a la Sindicatura, algo que la institución acabó negando en un comunicado, en el que aseguró que “dispone de un registro en el que han sido anotadas todas”. Oltra añadió que a las reuniones solo asistían los dos síndics elegidos a propuesta del PP, Queralt y Marcela Miró. No así el elegido a propuesta socialista, Antonio Mira Perceval, que redactó un voto particular reclamando que la Generalitat iniciara el procedimiento de reintegro de las subvenciones.

Posteriormente, gracias a la instrucción, se ha sabido que parte de la documentación aportada por Blasco y su equipo era falsa. La diputada de Compromís no quiso sacar conclusiones y se limitó a apuntar que este tipo de proceder arroja sospechas sobre posibles presiones a la actuación de fiscalización. Resulta especialmente significativa, en ese sentido, la reunión con Blasco celebrada el 22 de febrero de 2011 y que duró de las 19.22 a las 22.40, según informó Compromís. La Sindicatura dijo que no se trata de reuniones “secretas”, ya que hay actas de ellas, y forman parte del procedimiento habitual. El hecho de que fuera con el propio consejero no es habitual, porque la institución no suele fiscalizar a las consejerías. Blasco defendió allí con vehemencia las ayudas otorgadas, algo que le implica hoy en el proceso judicial.

Ferri y Oltra pedirán que comparezca Queralt para dar explicaciones, así como cambiar las reglas de la Sindicatura. El objetivo, dijo Oltra, es evitar que "el controlado ponga al controlador".