El Parlamento protestará al Banco de España por negarle información
El PP impone el secreto para los papeles sobre las indemnizaciones en las cajas
Las indemnizaciones millonarias percibidas por los gestores que acabaron arruinando las cajas gallegas, el modo en que tomaban sus decisiones las asambleas, sus balances contables —incluidas las auditorías que los avalaban— y también el informe de la consultora KPMG que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, esgrimió para justificar la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, son información reservada. No podrán acceder a ella los medios de comunicación para divulgarlos a la sociedad. No podrán fotocopiarse. Aunque al final tendrán acceso a esa información los 75 diputados —y no solo los 12 que integran la comisión de investigación— y podrán tomar notas manuscritas
La decisión de blindar estos polémicos expedientes la adoptó ayer el PP en la Cámara siguiendo las recomendaciones de la asesoría jurídica de la Xunta. Los siete representantes populares presentes en la comisión impusieron sus votos a los cinco de la oposición, que votó en contra alegando que la investigación se convertirá en “una pantomima”. Socialistas, Alternativa Galega de Esquerda y BNG subrayaron que el informe del Gobierno es de parte y alertaron sobre las dificultades que las reservas de esa información impondrán al trabajo parlamentario. “Estamos ante un debate de mucha trascendencia. Sobre si el poder legislativo es el que controla al Ejecutivo o al revés”, clamó el portavoz del BNG, Francisco Jorquera. Sus argumentos los replicaron después el resto de partidos de la oposición recordando que ese órgano también indaga sobre la gestión de la Xunta sobre Caixanova y Caixa Galicia. Xosé Manuel Beiras reclamó que el Consello Consultivo dictamine si esos documentos deben ser secretos, tal y como argumentan los letrados de la Xunta. No obtuvo respuesta. Todas las formaciones menos el PP dejaron entrever sus dudas sobre el resultado de los trabajos y deslizaron que podrían abandonar este órgano si de lo que se trata es de hacer un paripé ante los gallegos.
El socialista Abel Losada se preguntó cómo puede ser información reservada la auditoría de KMPG que costó un millón de euros a todos los gallegos. El portavoz popular, Pedro Puy, replicó que así debía tratarse porque la información que manejó la consultora fue proporcionada por la Xunta en su condición de supervisora de las cajas y que, por tanto, el Gobierno gallego tiene la obligación de mantener el secreto. Puy también esgrimió la obligación de cumplir con la Ley de Protección de Datos. “No queremos saber el número de cuenta de Gayoso y Méndez [los máximos dirigentes de Caixanova y Caixa Galicia]“, replicó Losada antes de recordar que Novagalicia Banco ya ha recibido 9.000 millones de euros de dinero público.
Sí hubo unanimidad de todos los partidos en la decisión de reprochar al Banco de España que se haya negado a facilitar la documentación requerida por la Cámara autónoma. Beiras esgrimió un Real Decreto de 1986 que excluye de la información reservada del Banco de España los documentos que soliciten las comisiones de investigación parlamentarias. Y el portavoz del PP le dio la razón en eso. Puy propuso buscar una “fórmula” para preservar la “dignidad” del Parlamento gallego. Posteriormente, la reunión de la Mesa pactó pedir un dictamen a los servicios jurídicos de la Cámara para plantear una queja formal al Banco de España.
El PSdeG planteó incluso incrementar el número de comparecencias (pactadas por unanimidad el mes pasado) para sentar en la Cámara al actual responsable del regulador bancario, Luis María Linde, y a quien lo fue en el último Gobierno de José Maria Aznar, Jaime Caruana. Miguel Ängel Fernández Ordóñez, gobernador con el PSOE, ya está llamado a declarar. La oposición también reclamó ampliar los plazos de trabajo de la comisión, dada que habrá de manejar más de 30.000 folios. Puy no se negó ni a ampliar el calendario ni a que acaben sentándose ante ella dirigentes que aún no están citados, pero pidió empezar a trabajar.
La cúpula de las dos entidades comparecerá en el Parlamento el próximo viernes. Ese día prestarán declaración el anterior director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, el último presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, y los escuderos de ambos, Mauro Varela y José Luis Pego, expresidente y exdirector de Novagaliciabanco, respectivamente. La víspera, el jueves, están llamados a comparecer, entre otros, el conselleiro de Economía del bipartito, José Ramón Fernández Antonio, o el que fue director general de Política Financeira entre 1997 e 2004, bajo la presidencia de Manuel Fraga, José Álvarez Cobelas.
Feijóo: “Por mí los haría públicos”
El presidente de la Xunta se desentiende de la decisión de declarar reservada buena parte de la documentación sobre las cajas que su Gobierno ha enviado al Parlamento. “Por mí haría públicos todos los documentos y entegraría las auditorías”, explicó ayer Alberto Núñez Feijóo en su comparecencia semanal tras el Consello de la Xunta. ¿Y por qué no lo hace entonces ? “Porque estoy sometido a la ley”, se justificó, “y esto ha sido una decisión de la Asesoría Xurídica y de los letrados del Parlamento”.
El presidente recordó que su Gobierno y su partido decidieron retrasar la comisión de investigación para no entorpecer el proceso de recapitalización de Novagalicia Banco (NCG). Una vez que “ya no hay riesgo para su viabilidad financiera”, señaló el presidente, su objetivo es actuar “con la máxima transparencia”. Es más, Feijóo aseguró que él sería el primer interesado en que se aireasen esos documentos porque “así se vería cómo estaban las cajas en 2009”, cuando el PP asumió el Gobierno después de cuatro años de bipartito PSdeG-BNG.
El presidente manifestó, por otra parte, que comparte todas las reivindicaciones de los preferentistas y que rechaza la decisión de NCG de poner fin el próximo lunes al plazo para solicitar el arbitraje. “Tomamos partido por los ahorradores y queremos que el 100% de ellos recupere el 100% de su dinero”, enfatizó. Pero en este asunto Feijóo alegó que sus competencias tampoco le permiten hacer más. Y desveló que la próxima semana se anunciará un acuerdo para reforzar los juzgados ante la previsión de una avalancha de demandas de preferentistas.
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