El valor de lo público

Las épocas de crisis son tiempos de cuestionamiento y reformulación de casi todo. Cada crisis es diferente y ésta nos ha traído las dificultades derivadas de un déficit público excesivo al primer plano de la actualidad y, con ello, el viejo debate sobre el papel y tamaño del sector público en la economía.

La teoría económica siempre ha justificado la acción gubernamental en los mercados y la prestación de servicios públicos a partir de los llamados “fallos del mercado”. La tesis radica en que la situación más eficiente desde el punto de vista de la producción de bienes y servicios en cantidad y calidad adecuadas, es aquella en la que los mercados actúan en libre competencia de forma que cualquier interferencia sobre su funcionamiento provoca ineficiencias. Pero, al mismo tiempo, se constata que el mercado actuando libremente genera situaciones muy poco equitativas y descuidan la provisión de determinados bienes necesarios como los llamados “bienes públicos”.

Además de la anterior disquisición teórica, a partir de los años 70 del siglo XX, se ha venido discutiendo también sobre los fallos del propio estado en relación con su intervención en la economía. De dicha discusión han surgido elementos muy interesantes en cuanto a cómo modificar la gestión de lo público introduciendo mecanismos de competencia, profesionalizando mucho más la gestión y consiguiendo mayores cotas de eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos.

Una de las últimas líneas de pensamiento en cuanto a cómo debe articularse y dimensionarse la intervención del estado en la economía y, más concretamente, en la provisión de los servicios públicos es la que preconiza lo que ha venido en llamarse “el valor de lo público”.

Cuando se habla del valor de lo público, se aborda una dimensión adicional a la de la mera eficiencia. La novedad en el punto de vista radica en constatar que el sector público no es directamente comparable con el privado y, por tanto, no podemos medir exclusivamente en términos de eficiencia (unidades producidas, calidad y coste) el valor de los servicios públicos.

Efectivamente, la eficiencia es uno de los componentes del valor de lo público pero hay que añadir dos elementos adicionales que lo diferencian del valor privado.

El primer elemento es el de los resultados. Los servicios públicos no tienen únicamente por objetivo la prestación de un servicio concreto a un ciudadano concreto sino que trascienden y deben contribuir a generar un resultado más general. Así mientras en el siglo XIX la acción del estado busco la mejora de la salud pública, en el siglo XX el foco se centró en la seguridad y la protección del medio ambiente.

Por otro lado se encuentra la confianza. La prestación de servicios por parte del Estado a los ciudadanos debe contribuir decisivamente a generar una relación de confianza y legitimidad entre el ciudadano y su administración. Para ello los mecanismos de información, transparencia y participación ciudadana se revelan como absolutamente fundamentales.

La consecuencia de lo anterior es que en el debate sobre qué servicios públicos deben ser prestados por el estado y con que intensidad no hay que tener en cuenta únicamente el coste y su repercusión sobre el déficit público (que también) sino, además, su contribución a fines últimos de cohesión social y de legitimación del estado ante los ciudadanos. Estos últimos son también componentes esenciales y diferenciadores del valor de lo público.

Sin embargo, como ya se ha señalado, esta óptica sobre la creación de valor en el sector púbico tampoco otorga carta blanca a prescindir de las consideraciones sobre el coste y la eficiencia de los servicios públicos. Desde esta perspectiva, caben perfectamente esquemas de colaboración público-privada o incluso privatización de servicios. La única premisa es la de constatar que dichas acciones mejoran el valor de lo público. Esto será así con respecto a aquellas actuaciones de dudosa eficiencia y que no contribuyen con una configuración estrictamente pública a lograr los objetivos generales perseguidos por la sociedad.

Mención especial merece el componente de confianza en los servicios públicos, puesto que desde esta visión, la prestación de servicios por parte del estado debe contribuir a legitimarlo frente a los ciudadanos que pasan a percibirlo como algo valioso y en lo que confiar. Para ello, la introducción de mecanismos efectivos que orienten las políticas públicas y que permitan a los ciudadanos participar en la gestión de lo público más allá de depositar su voto cada cuatro años son fundamentales. En especial aquellas actuaciones que cuentan con la alianza de la sociedad civil se revelan como las que mayor valor público aportan.

Juan Manuel Pérez Mira es decano del Colegio de Economistas de Valencia