La juez aprecia indicios de que Ricardo Costa cometió otro delito electoral

La titular del juzgado de Instrucción número 5 de Valencia ha apreciado indicios de que Ricardo Costa, ex secretario general del PP regional y actual diputado autonómico, cometió otro delito electoral. La juez ha remitido una exposición razonada de motivos al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, dada la condición de aforado de Costa, que debe decidir ahora si lo imputa.

El que fuera número dos del PP valenciano en la etapa del expresidente Francisco Camps, ya está imputado en el mismo tribunal y por el mismo delito, dentro del caso Gürtel, además de por otro supuesto delito de falsedad documental.

Ambos hechos no tendrían, sin embargo, por qué acumularse en un mismo procedimiento. De hecho, el TSJ ha designado al juez Juan Climent (que ya presidió el juicio contra Camps y Costa por el caso de los Trajes) para que elabore la ponencia sobre si el tribunal debe asumir la competencia. Lo habitual es que, si la respuesta es afirmativa, el mismo magistrado se encargue de la eventual instrucción del procedimiento.

Según fuentes jurídicas, el origen de la posible nueva imputación de Costa responde a la denuncia realizada por una persona en la Audiencia de Valencia, en la que se refirió a una supuesta entrega de dinero de forma irregular a Costa. La juez decidió, con el apoyo de la fiscalía, remitir los hechos al Tribunal Superior.

Costa ya está imputado junto a la antigua cúpula del PP valenciano por la supuesta financiación ilegal del PP valenciano, que habría recibido dinero de ocho grandes constructoras para sus campañas electorales de 2007 y 2008. La empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, habría servido según la investigación como vehículo para esas aportaciones ilegales.

El ex secretario general del PP valenciano se convertiría, si finalmente es imputado, en el segundo diputado valenciano contra el que se siguen dos procedimientos. El primero fue Luis Díaz Alperi, exalcalde de Alicante, que está imputado en el caso Brugal por varios delitos de corrupción y también en otra causa, instruida igualmente en el TSJ, por haber ocultado presuntamente a Hacienda cerca de dos millones de euros.