El Tribunal Superior anula el plan urbanístico de Porxinos en Riba-roja
Los jueces concluyen que se violaron los principios de libre concurrencia y publicidad La sala añade que el proyecto no garantizó que fuese a haber agua suficiente
![Ignacio Zafra](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F4d89325c-7f93-4b69-b7eb-b1b3b272c02d.jpg?auth=eb0419eecf558bcf53cd5f7086dca9762dfd83c9619fba0f80a50674db2f041f&width=100&height=100&smart=true)
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha declarado nulo y dejado sin efecto el plan urbanístico parcial Masía de Porxinos de Riba-roja, acogiendo un recurso presentado por el colectivo Salvar Porxinos. El conocido como PAI de Porxinos, impulsado en la etapa de auge de la burbuja inmobiliaria, preveía la construcción de 2.600 viviendas y una ciudad deportiva para el Valencia Club de Fútbol.
El proyecto ya estaba tocado después de que el Tribunal Supremo anulase hace dos semanas una sentencia previa que avalaba el proyecto.
En su nuevo fallo, el TSJ basa la declaración de nulidad del acuerdo de la comisión territorial de Urbanismo de 30 de junio de 2006 y la resolución de 4 de diciembre de 2007 de la dirección general de Urbanismo, en el hecho de que se violaron "los principios de publicidad y libre concurrencia" al adjudicar directamente "la condición de agente urbanizador" a la sociedad unipersonal Litoral Este.
El tribunal considera igualmente, siguiendo la doctrina fijada por el Tribunal Supremo, que el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la disponibilidad de agua resultaba "preceptivo y vinculante" y que dicho informe no consta (solo hay uno del año 2005, y era desfavorable) la Sala de lo Contencioso-administrativo concluye que la existencia de recursos hídricos no está acreditada.
No bastan, agrega el TSJ citando al Supremo, informes sustitutivos del de la Confederación Hidrográfica elaborados por entidades "colaboradoras" de la Administración.
Y remata el entierro del proyecto urbanístico señalando que la tramitación por parte de la Consejería de Territorio vulneró el procedimiento administrativo establecido.
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