La justicia obliga a Navalcarnero a celebrar un pleno de 2012

Baltasar Santos gobierna Navalcarnero desde 1995. Con los presupuestos prorrogados desde 2008 y una deuda que la oposición sitúa en 250 millones de euros como mínimo, los plenos del Ayuntamiento se han convertido en un trago amargo para el alcalde del Partido Popular. La semana pasada celebró el primero en cuatro meses, lo que alargó la sesión a más de cinco horas. El pleno terminó como el rosario de la aurora, con todo tipo de reproches a la gestión del regidor y dos expulsados, un vecino y el portavoz socialista y anterior alcalde, José Luis Adell. Todo apunta que la situación se volverá a repetir en cosa de dos semanas.

La juez titular del juzgado de lo contencioso administrativo número uno de Madrid, Matilde Aparicio, falló el 6 de junio la celebración de un pleno extraordinario en el plazo de 15 días una vez recibida la orden de ejecución. La sentencia se puede apelar ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El pleno en cuestión al que se refiere el documento debía haberse realizado en julio de 2012. A mediados de ese mes Santos denegó la convocatoria automática de la sesión extraordinario que la oposición había solicitado tres días antes al secretario del consistorio.

El regidor del Partido Popular basó su decisión en que no era legalmente procedente porque para convocar el pleno los concejales de la oposición —el PP cuenta con 12 concejales por los siete del PSM, uno de IU y otro del Partido Democrático Popular— debían detallar dos semanas antes los expedientes completos de los asuntos a tratar.

El orden del día era especialmente peliagudo para Santos, como la creación de una comisión de investigación “para aclarar la legalidad de determinadas ventas” realizadas por el ayuntamiento o la modificación del plan general de ordenación urbana “para modificar la clasificación urbanística de determinados suelos”. A juicio de la oposición, los encargados de reunir la documentación solicitada eran los servicios técnicos del Ayuntamiento, ya que entraba dentro de su competencia. La justicia ha establecido que se celebre con casi un año de demora. La juez considera que se ha vulnerado el artículo 23 de la Constitución.

A falta de presupuestos, los ingresos anuales de Navalcarnero en los últimos cinco años son, sobre el papel, de 35,1 millones de euros. Sin embargo, la recaudación líquida de 2012 fue de 19,1 millones, 16 millones por debajo de las previsiones.