El delegado de la SGAE destituido acusa a la entidad de falsear el motivo del despido

El presidente de la SGAE, Antón Reixa, que tomó las riendas de la entidad con el propósito de sanearla tras la detención de su antecesor, Teddy Bautista, se enfrentó el pasado 9 de abril, solo un año después de estrenar el cargo, a una espinosa moción de confianza. La directiva de la sociedad le exigió explicaciones tras leer en este periódico que el organismo de la Xunta que dirigía su delegado en Galicia le había concedido una ayuda de 142.000 euros días antes de incorporarse a la sociedad de derechos de autor. Reixa consiguió salir vivo del juicio pero tras aquel gabinete de crisis otra cabeza comenzó a rodar: la de Juan Carlos Fernández Fasero, el cargo de la SGAE que dirigía el ente público que le dio la subvención. Ahora Fasero anuncia una demanda en los juzgados para reclamar la nulidad del despido. Sostiene que la SGAE sustenta la destitución en falsedades y que lo hace de manera intencionada. La portavoz de la directiva de la sociedad, Julia Altares, replica que el cese no se produjo solo por la subvención y que contó con el respaldo de la mayoría del consejo de dirección, formado por 14 miembros. "Ya como delegado tuvo actuaciones no efectivas", añade Altares.

Fasero recibió la carta de despido de la SGAE el pasado 10 de mayo por burofax. Se le comunicaba un “despido disciplinario” por la “consciente ocultación” de una “relevante subvención” de 142.000 euros que el organismo público que dirigía Fasero -la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), dependiente de la Xunta- concedió a la productora de Reixa solo unos días antes de que el primero entrara en la SGAE como delegado en la zona noroeste. En la carta, la representante de la SGAE, Natividad Lamela Gómez, afea a Fasero que durante el proceso selectivo para el cargo en la entidad privada, en el que asegura que no participó Reixa, no informara de la ayuda concedida por la Xunta a la empresa del presidente y le culpa del “daño reputacional” que sufrió la sociedad cuando salió la información de EL PAÍS sobre el asunto. El exdelegado en Galicia de la entidad de derechos de autor replica que las justificaciones esgrimidas en la carta de despido son “rotundamente falsas” y afirma tener pruebas que llevará a los juzgados.

En el escrito presentado tras el despido ante el servicio de conciliación de Ourense, en el que la SGAE rechazó suscribir un acuerdo, Fasero carga la responsabilidad en Reixa: “Siendo presidente de la SGAE desde el 26 de abril de 2012 y siendo administrador único desde el 30 de junio de 2009 de Filmanova Invest [la empresa de Reixa que recibió la subvención de la Xunta] es el único responsable en la petición de la subvención (el 24 de julio de 2012) y el único que tiene conocimiento de la misma. Es el presidente el que debe dar cuenta”. Fasero recalca además que recibió desde 2010 insistentes ofertas de la SGAE y que su entrada como delegado en Galicia fue aprobada por el consejo de dirección de la entidad el 13 de septiembre de 2012, casi un mes antes de que el Agadic que él dirigía aprobara la subvención a la productora de Reixa. En el acta de aquella reunión, sostiene Fasero, se dice que Reixa informó de que la búsqueda de representante en la zona noroeste “ha sido más exhaustiva de lo que pudiera parecer”, una afirmación de la que se deduce que, en contra de lo expuesto en la carta de despido, el presidente de la SGAE sí participó en el proceso selectivo que superó Fasero. La defensa del exdelegado de la SGAE en Galicia advierte que las actas de las reuniones de la cúpula y los correos electrónicos intercambiados con Reixa demostrarán que las justificaciones del despido de su cliente son falsas y que la sociedad de derechos de autor era consciente de ello cuando la cabeza de Fasero empezó a rodar.