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Urdangarin ordenó falsear facturas para cobrar 240.000 euros al Gobierno Camps

El publicista niega ante el juez del 'caso Nóos' que cobrara 70.000 euros por una asesoría

El publicista valenciano Miguel Zorío, dueño de Lobby de Comunicación, imputado en el caso Nóos, aportó este lunes al juez José Castro un relato que le desmarca de la estrategia de defensa que sigue el abogado de Iñaki Urdangarin. Zorío afirmó que desde el Instituto Nóos —el duque de Palma, concretamente— se le hizo modificar el concepto de las facturas presentadas a la Generalitat Valenciana de Francisco Camps una vez que se rechazara una partida. El convenio de dos años con el Instituto Nóos fue por tres millones de euros, de los que la Generalitat pagó 382.203 pero devolvió sin pagar 123 facturas por unos dos millones que rechazó por no ajustadas a la normativa.

Los 240.000 euros de la primera partida de Nóos ante la Generalitat se justificaron, por indicación de Urdangarin, afirmando que respondían a planes y gestiones directas ante federaciones internacionales deportivas. Zorío indicó que el director del proyecto de los Juegos Antonio Ballabriga fue quien detalló las indicaciones del duque de Palma sobre la nueva facturación.

El empresario Zorío, que mantuvo intensas relaciones y negocios con el Instituto Nóos, modificó las facturas de asesoría para el proyecto no nato de los Juegos Europeos, unos trabajos que no se habían realizado, según la acusación. Zorío detalló que Lobby de Comunicación tenía un contrato con el Instituto Nóos para montar la oficina de la candidatura de Valencia a organizar los Juegos Europeos, con un compromiso de cobro de dos millones de euros en cuatro aportaciones.

Zorío, además, negó haber cobrado 70.000 euros, como se afirma, por su participación en una operación de asesoría internacional que el yerno del Rey cerró con Aguas de Valencia, controlada por la familia Calabuig y el Banco de Valencia.

Los Juegos Europeos fueron apoyados y financiados desde la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana. El convenio de dos años con el Instituto Nóos fue por tres millones de euros, de los que la Generalitat pagó 382.203 pero devolvió sin pagar 123 facturas por unos dos millones que rechazó por no ajustadas a la normativa.

Un amigo del duque de Palma, el empresario Álex Sánchez Mollinger, que ha declarado como testigo por su participación en algunos negocios internacionales y en España, explicó que Urdangarin facturó 100.000 euros de caché para la búsqueda de patrocinadores del Valencia CF, misión encomendada por el club de fútbol. Pese a que finalmente las gestiones de patrocinio no dieron fruto se facturaron 30.000 euros. En las gestiones para buscar patrocinador para el estadio del Villareal, el yerno del rey facturó más de 600.000, tampoco aun sin concretar un anunciante.

Por otra parte, mientras el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) resuelve si asume las indagaciones penales sobre el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el juez Castro ha determinado en un auto levantar la suspensión de actuaciones sobre el resto de implicados y asuntos ligados a los negocios bajos sospecha desarrollados por la trama de Nóos en la Comunidad Valenciana.