Blasco, fin de trayecto

Ningún político valenciano a pie de obra puede lucir un perfil biográfico tan denso, intenso e incluso cromático como Rafael Blasco, objeto estos días de una singular atención mediática y partidaria, acorde con la talla del personaje y con las circunstancias que concurren en lo que, de no mediar un prodigio, significará su infausta caída y amortización sin honores como hombre público. No ha de chocarnos que algunos córvidos, travestidos de justicieros, y también presuntos compañeros de partido, se apresten a machacarlo a picotazos. Resulta obvio que le tenían ganas.

Al gran hombre no le ha de sorprender este clima hostil que suscita. Ya lo padeció a comienzos de los 90, cuando vestía los colores del PSPV-PSOE y se vio involucrado en un proceso judicial que, más o menos como ahora, suscitó gran expectación, causó graves daños materiales y morales a los imputados y se resolvió con un sobreseimiento por falta de pruebas. Las que se adujeron eran formalmente ilegales y nunca se supo si delataban una culpabilidad evidente. Eso sí, abundaron las fantasías calumniosas que atribuían a quien entonces era titular de la Consejería de Infraestructuras y Obras Públicas y Urbanismo, decimos del mentado Blasco, el cobro de comisiones milmillonarias, el tráfico de armas y probablemente también la muerte de Manolete en la plaza de Linares. El juez Baltasar Garzón, llamado a entender en el asunto, ni siquiera se dio por aludido ante la falsía de las imputaciones. Muchos de los socialistas con mando en plaza también pusieron tierra de por medio con el procesado para eludir la temida contaminación.

Evocamos este precedente porque resulta asombroso que tan aflictiva experiencia no aleccionase al hoy diputado del PP y siete veces consejero con los sucesivos gobiernos de la Generalitat para que huyese del Código Penal tanto como los gatos del agua. Con tal susto a cuestas, la menor irregularidad jurídica o administrativa obligaba a corregirla o denunciarla sin reservas. Sin embargo, hétenos aquí que hoy anda atrapado en una telaraña judicial —como describe un plumilla colega— que se teje con el procesamiento por cuatro delitos, la imputación de cinco más y los que se decanten de las investigaciones en curso. Cabe preguntarnos a qué demonios dedicaría su tiempo el ex consejero cuando no estaba urdiendo o amparando una maldad.

Y lo más grave de este presunto escándalo es que resulta confirmado por mucha de la información divulgada. Ya resulta significativo que, a falta de argumentos contundentes, se pretendiera impugnar las conversaciones telefónicas grabadas aduciendo que están traducidas del catalán. Un mero recurso de rábula desarmado de razones. O no menos convincente ha sido la dimisión o separación de funcionarios que se negaron a avalar trampas, por no hablar de la confesión de algún alto dirigente renuente a cargar con el muerto. Y para acabarlo de arreglar resulta que la mayor parte del dinero público —millones de euros— desviados a los bolsillos privados lo fueron a costa de los damnificados de Haití y Nicaragua. ¿Cómo esperar piedad o comprensión?

Rafael Blasco y el mariachi que le acompañaba lo tienen crudo. Pero en algo tiene razón el diputado cuando pregunta por qué a él sí y a otros no se les señala con tanto énfasis, siendo todos partícipes de este paradigma de la corrupción que es el País Valenciano desde que lo gobierna el PP. Los reunidos en Peñíscola pueden conjeturar sobre la respuesta.