La autoridad de Fabra se resiente al atajar la corrupción en su grupo

Una cosa es destituir a cargos de la Administración salpicados por investigaciones judiciales o apartarlos de sus responsabilidades orgánicas en el partido. Y otra muy diferente emprender la cirugía en el Parlamento para aligerar un grupo lastrado por unos escándalos que empiezan a llegar a la etapa de los procesamientos judiciales.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se jactó ayer en el pleno de las Cortes Valencianas de ser “la persona que ha generado una línea roja contra la corrupción que nadie ha hecho en ningún partido”. Pero poco después, asumió que serán “los jueces los que diriman la responsabilidad”. Una contradicción a la que ha llegado empujado por el exconsejero y exportavoz parlamentario Rafael Blasco, para quien la propia Generalitat pide 11 años de cárcel por el fraude en la extinta Consejería de Solidaridad y Ciudadanía. Blasco desafió el pasado miércoles a Fabra a echarlo del Grupo Popular y, de momento, ha ganado tiempo.

Un tiempo que juega en contra de la autoridad del presidente de la Generalitat y a favor del exconsejero, que confía en sumar apoyos entre sus correligionarios en el Parlamento, donde fue también portavoz del Grupo Popular.

Torres pide que las Cortes no sean una “trinchera” para los corruptos

Destituir a los imputados en casos de corrupción de sus puestos en el PP pero mantenerlos en las Cortes Valencianas “ofende gravemente” a los valencianos, recriminó a Fabra el portavoz socialista, Antonio Torres, durante la sesión de control al jefe del Consell. Una idea sobre la que incidieron todos los grupos de la oposición, conscientes de que la política valenciana entra en una nueva fase, mientras Fabra proyecta la imagen de un presidente incapaz de resolver con autoridad el reto que le ha planteado el primer diputado al que pretende expulsar del Grupo Popular.

El presidente de la Generalitat Valenciana se enrocó en su postura de que esperará a que la juez María Pía Calderón, encargada del caso Cooperación, abra juicio oral a Blasco para adoptar la decisión de expulsarlo del Grupo Popular. Fabra incluso hizo suyo un argumento de Blasco: que hay que atender a los informes de las defensas.

Para desviar la atención de un asunto que pone en cuestión su autoridad —dado que Blasco dejó claro el miércoles que no está dispuesto a marcharse por propia iniciativa—, Fabra puso en marcha el ventilador y, mientras en su bancada se sientan nueve parlamentarios imputados, reclamó que el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, que es diputado en el Congreso, “mire a los ojos a José Blanco”, exministro de Fomento, y "le diga que se vaya porque está imputado" en el conocido como caso Campeón. "¿O no se atreven a decírselo?", preguntó a la bancada socialista.

El portavoz del PSPV-PSOE, Antonio Torres, había preguntado a Fabra qué piensa hacer con los diputados populares imputados en casos de corrupción. Torres recordó que hay 150 casos de corrupción en los tribunales valencianos, protagonizados por cargos del PP como los parlamentarios imputados. “No permita que estas Cortes continúen siendo la trinchera que protege a los implicados en prácticas corruptas”, pidió Torres, que, como el resto de portavoces de la oposición, puso en duda el liderazgo de Fabra y preguntó: “¿Qué teme del señor Blasco?”.

Morera se refiere a Blasco como "el Bárcenas valenciano"

Fabra repitió que la semana pasada dejó “muy claro” lo que iba a hacer en relación a los casos de corrupción. “No nos tienen que dar clases de moralidad ni de honorabilidad”, agregó, al referirse a la “línea roja”, que ahora está situada en el momento en que la juez del caso dicte juicio oral para Blasco y los otros ocho imputados en la pieza del caso de la Cooperación. Pero nada dijo el jefe del Consell de que también esté situada ahí la línea roja para otros imputados o procesados. La diputada socialista Eva Martínez y la de Esquerra Unida Marina Albiol incidieron en ello en sendas repreguntas. La primera comparó a Fabra con Lola Flores en la boda de su hija, en la que se vio incapaz de echar a nadie y solamente decía “si me queréis, irse”. La segunda preguntó directamente que hará con Milagrosa Martínez, procesada y con petición de 11 años de cárcel por parte de la fiscalía en la pieza del caso Gürtel relacionada con los contratos del pabellón valenciano en Fitur, así como con el resto de imputados del PP. Albiol citó a Francisco Camps y Rita Barberá, pendientes de imputación en el caso Nóos, entre aspavientos de la alcaldesa de Valencia desde su escaño, al que acababa de incorporarse.

El portavoz de la Coalició Compromís, Enric Morera, que preguntó a Fabra sobre la situación socio-económica, —lo que permitió al presidente una respuesta de repaso a los esfuerzos y realizaciones del Consell casi calcada a la que había dedicado unos minutos antes al portavoz popular, Jorge Bellver— aludió a Blasco como “el Bárcenas valenciano” y añadió, refiriéndose a Fabra: “Da la impresión de que usted le tiene miedo”. A su vez, la portavoz de Esquerra Unida del País Valencià, Marga Sanz, denunció: "La corrupción se sienta aquí, en está institución". Tras aludir al revuelo que se creó por la contratación de un entrenador para mejorar el liderazgo del jefe del Consell, Sanz acusó a Fabra de ejercer “una gestión pusilánime”. La diputada sentenció: “Mantener a Blasco en el Grupo Popular le convierte en cómplice político”.