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El fiscal jefe alerta de que los delitos de corrupción aumentaron un 22% en 2012

Solo se dictaron ocho sentencias de los 152 procedimientos abiertos por prácticas corruptas

El fiscal jefe de Galicia, Carlos Varela, ha alertado esta tarde a los grupos políticos del incremento de la corrupción en Galicia. En su comparecencia en la comisión parlamentaria para prevenir y erradicar la corrupción, el máximo representante del ministerio público en la comunidad esgrimió los datos de la memoria de su departamento en 2012: según este informe, el año pasado se registraron 152 delitos asociados a prácticas corruptas en las diferentes Administraciones, lo que supone un aumento del 22,58% con respecto a 2011. Ocho de estos procedimientos penales fueron objeto de sentencia, lo que supone un 0,053% del total.

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Casi la mitad de los delitos relacionados con la corrupción registrado en Galicia el año pasado fueron prevaricaciones administrativas; un 13,82%, malversación de caudales públicos; un 12,5%,   tráfico de influencias, un 11,18% sobornos a funcionarios públicos; y un 10,53%, blanqueo de capitales. "Es precisamente en situaciones de crisis cuando los ciudadanos se tornan menos tolerantes a recurrentes episodios de abuso de privilegios por parte de los cargos electos y de los representantes del Estado, de reformas y regalías obscenas, de agujeros en las cuentas públicas y de rescates injustificados de bancos fraudulentos”, ha afirmado Varela.

El fiscal ha insistido en la necesidad de implantar en las Administraciones gallegas un plan de prevención de riesgos de corrupción. Preguntado por la coportavoz de AGE, Yolanda Díaz, ha defendido una reforma del Código Penal para introducir la tipología de "delitos de corrupción" y para ampliar las penas de algunos casos asociados, por verlas "insuficientes". De hecho, ha admitido la "sensación" de que los denominados "delitos de guante blanco no conllevan ingresos efectivos de prisión". En todo caso, ha declinado profundizar en este aspecto por estar la competencia sobre ello residenciada en el ámbito estatal. Sin detallar en qué porcentaje los mencionados delitos asociados a corrupción en las administraciones atañen a políticos y a funcionarios, Varela sí ha dejado una reflexión sobre la "distinción entre inocencia política y penal", a instancias de la diputada socialista Beatriz Sestayo.

"La penal hay que demostrarla en un proceso penal con todas las garantías y convencer a un juez de que uno cometió un delito con las pruebas suficientes. Pero en el ámbito político no sería necesario", ha recalcado, convencido de que la "culpa" política no tiene que someterse a "los parámetros estrictos de la culpabilidad penal". Así, aun hablando de hechos "no punibles" o "no demostrados", ha defendido que se "tomen decisiones" cuando existen conductas "reprobables éticamente" o "contrarias a la ética" y que sean "incompatibles con la buena gobernanza". "Nos lo enseña muy bien el mundo anglosajón", ha subrayado. Para zanjar este asunto, en lo que ha hecho hincapié el fiscal superior es en que "no hay que acudir a parámetros

Finalmente, convencido de la importancia de la "prevención" de la corrupción, ha apostado por la creación de un órgano "independiente" para poner en marcha políticas de prevención "adecuadas" y que esté "dotado de los medios materiales y humanos necesarios". "Soy de la opinión de que este órgano podría residenciarse en el ámbito del Consello de Contas", ha apuntado, al tiempo que ha señalado que los recursos humanos que necesite "se reclutarían, para evitar costes, recurriendo a la movilidad dentro de la función pública".

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