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La juez rechaza investigar si Xavier Crespo posee cuentas en Andorra

El fiscal sospecha que uno hijo recibió ingresos de una empresa que se adjudicó un contrato municipal de forma irregular

Xavier Crespo, ayer en la Audiencia Provincial de Barcelona.
Xavier Crespo, ayer en la Audiencia Provincial de Barcelona.

Maria Eugènia Alegret, la magistrada que investiga la relación entre Xavier Crespo y la mafia rusa, ha rechazado que se investigue si el diputado de CiU y exalcalde de Lloret de Mar posee cuentas en Andorra. En un auto, la juez considera que la Fiscalía Anticorrupción no ha planteado indicios sólidos para pensar que puedan existir esos depósitos. “No caben investigaciones genéricas o prospectivas”, razona Alegret, que también ha rechazado otra petición: la de incorporar información patrimonial sobre Crespo y su familia.

El diputado nacionalista declaró el pasado marzo como imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el presunto trato de favor que el Ayuntamiento de Lloret dio al empresario ruso Andrei Petrov cuando él era alcalde. Según los investigadores, el consistorio perdonó 133.000 euros en impuestos a Petrov por la construcción de un centro comercial. A cambio, el empresario —vinculado a una trama que, presuntamente, blanqueó 56 millones en España— le regaló viajes a Moscú y un reloj, y patrocinó los clubes locales de hockey y fútbol.

Durante aquella larguísima declaración por los delitos de cohecho y prevaricación, el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo preguntó a Crespo sobre el presunto envío de grandes sumas de dinero a las islas Caimán. A petición de la fiscalía, la Agencia Tributaria elaboró un informe en el que consta “una salida de invisibles” hacia ese paraíso fiscal por valor de 53.000 euros. Aquel envío fue ordenado por la esposa de Crespo, Guadalupe Oliva, en 2002, “por tanto mucho antes de que Crespo fuese elegido alcalde”.

Desvío a las Caimán

La magistrada considera que ese argumento tiene suficiente peso para rechazar la segunda petición de la fiscalía: que se incorpore a la causa el informe de Hacienda, que también contenía datos de Crespo, de los tres hijos de ambos y de una empresa familiar. El fiscal sospecha que uno de los hijos recibió ingresos de una empresa que se adjudicó un contrato municipal de forma irregular. La ifscalía ha recurrido la decisión.

En un escrito remitido a la juez, el abogado de Crespo, Manuel González Peeters, acredita documentalmente que la esposa de Crespo destinó los 53.000 euros a “la compra de participaciones preferentes” del Banco Popular. El dinero, continúa, procede de la herencia de una finca familiar. El abogado denuncia el “hartazgo” de Crespo por una investigación que tiene el “infame ánimo” de causarle un daño personal. Y que tributó por ellas.