La fiscalía acusa a los funcionarios de Quatre Camins de “torturar” a los presos

Los internos de Quatre Camins que fueron agredidos y vejados por funcionarios de prisiones tras protagonizar un motín son víctimas de “torturas”. Así lo cree ahora la fiscalía, que ha modificado su escrito de acusación sobre los nueve empleados públicos que, desde hace un mes, son juzgados en la Audiencia de Barcelona. Uno de ellos, que ha sido perfectamente identificado por algunos de los reos en la vista oral, es el exsubdirector médico de la cárcel, Xavier Martínez. La fiscalía concluye que las “agresiones y vejaciones” a los presos tenían como finalidad “castigar” a los sospechosos de haber participado en un motín que estalló en el Módulo 1 del penal unas horas antes.

La fiscalía se ha adherido al cambio propuesto por las organizaciones que ejercen la acusación popular y concluye que los malos tratos fueron en clara represalia por el motín. Las palizas, recoge el escrito del ministerio público, “iban acompañadas de frases intimidatorias dirigidas a obtener información de los agredidos” sobre la participación de otros internos en los hechos.

El motín estalló en abril de 2004. Los presos apalearon brutalmente al subdirector y fueron condenados a elevadas penas de cárcel por ello. Las agresiones se produjeron durante el traslado de esos presos a otros centros. Los funcionarios formaron un pasillo para golpear, insultar y vejar a los reos que se dirigían al departamento de ingresos. Allí les esperaba para la revisión médica Martínez, que aprovechó para golpearles con la porra y propinarles puñetazos. Decenas de presos fuera de servicio y procedentes de otras prisiones catalanas acudieron a Quatre Camins aquel día.

La fiscal ha retirado los cargos contra dos de los funcionarios acusados al considerar que no han podido ser claramente identificados. Pese a elevar los hechos de delito contra la integridad moral a torturas, la petición de cárcel apenas varía. En el caso del exsubdirector médico, la fiscalía le acusa de siete delitos de torturas y de siete faltas de lesiones. Y pide para él una pena que suma siete años de prisión.

Otras dos funcionarias, Yolanda M. y Trinidad M., también son acusadas ahora por torturas y afrontan una petición uno y tres años de cárcel, respectivamente. Tres funcionarios más siguen acusados por delitos contra la integridad moral. La fiscalía mantiene su petición de que se declare a la Generalitat responsable civil subsidiaria de los perjuicios causados a los presos.