El PSPV pide para Blasco 15 años de prisión y 42 de inhabilitación

"Ya tiene una calificación social de rechazo y repugnancia", ha señalado la presidenta del Grupo Parlamentario del PSPV-PSOE, Ana Barceló. "Nosotros también planteamos la máxima calificación penal". El PSPV-PSOE ha pedido para el exconsejero y diputado autonómico del PP Rafael Blasco 15 años de prisión y 42 de inhabilitación, así como el pago de una indemnización de 1,9 millones de euros, por el fraude en las ayudas a la cooperación cuando era responsable de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía.

Así lo plantea el PSPV-PSOE, personado como acusación en la causa, en su escrito de conclusiones al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) sobre una de las dos piezas del caso.

La pieza sobre la que ha concluido la instrucción se refiere a las subvenciones que la consejería concedió a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes), por importe de 1,8 millones de euros, para proyectos en Nicaragua, país al que solo llegaron 43.000 euros, mientras que el resto se destinó a la compra de varios inmuebles en Valencia o se derivó a sociedades del supuesto cabecilla de la trama, el empresario Augusto César Tauroni.

Para el empresario Tauroni, el PSPV pide 15 años de prisión y una indemnización de cinco millones de euros, mientras que para Tina Sanjuán, ex secretaria general de Administración de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, solicita las mismas penas que para Blasco. A Marcial López, que fue presidente de la Fundación Cyes, le solicita siete años de prisión y una multa de cinco millones de euros.

Los socialistas piden también ocho años de prisión para el que fue jefe de área de Cooperación, Marc Llinares, y seis años para ex altos cargos como Alexandre Català y Josep Maria Felip. Al jefe de gabinete de Blacso, Xavier Llopis, le piden otros seis años. Y para la empleada de la Fundación Cyes María José Cervera, tres años.

En rueda de prensa, Ana Barceló ha manifestado que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, no debe esperar "ni un segundo más" para expulsar a Blasco del grupo popular de las Cortes Valencianas y le ha instado a tomar una decisión y demostrar que tiene capacidad para "imponer su decisión".

En relación con la intención de la juez que lleva el caso en el Tribunal Superior de Justicia de unificar las acusaciones populares en una sola, lo que dejaría fuera a la representación de la Coordinadora de ONG y al PSPV-PSOE, en beneficio de la acusación que ejerce Antonio Penadés, la presidenta del Grupo Parlamentario del PSPV-PSOE ha reconocido que "no ha habido acuerdo" entre las partes y ha añadido que los socialistas han recurrido la decisión de la juez.