¿Dónde están mis 300.000 euros?

Nicolás Agudo pensó en acercarse el pasado 2 de mayo a los juzgados de Dénia (Alicante). El día en que la mujer del exdiputado del Partido Popular Juan Roselló acudió a declarar sobre la imputación de su marido y la suya propia en una pieza del caso Brugal, concretamente la que afecta a la gestión de la basura en Calp (Alicante). El caso no tiene nada que ver con Agudo, más interesado en otro juicio. Simplemente, quería haberse atrevido a encarar a los imputados y preguntarles una cuestión que le ronda ya ocho años y que le tiene en vilo: “¿Dónde están mis 300.000 euros?”.

“Estoy económicamente muy mal” dice este empresario de Gata de Gorgos que todavía espera que le paguen la obra pública que realizó para la mejora de la red de agua potable de Calp, asunto que debe dilucidar un juzgado de Dénia. Es el llamado caso Aguas de Calpe, cuya instrucción lleva ya ocho años de proceso y un año parada a la espera de la resolución de un recurso que no acaba de concretarse. “Cada vez me dan más toques del banco. Me van a embargar y no puedo hacer frente a todo. Me siento engañado. Tengo miedo que se traspapele o yo qué sé, como esta gente es tan liante”, se lamenta este empresario de 59 años con un poso de indignación que contrasta con lo neutral de su tono, como si le fatigara contar su historia.

El caso Aguas de Calpe saltó a la luz pública en 2004. Su síntesis es la siguiente: el Ayuntamiento de la localidad adjudicó unas obras para la mejora de la red de agua a una antigua empresa de buzoneo que acabo convirtiéndose en la mercantil Obras Hidráulicas de Levante. El proyecto, inicialmente valorado en 4,7 millones de euros, acabo licitándose por 3,3 millones. El concejal por aquel entonces de Aguas de Calp era Juan Roselló, diputado provincial al mismo tiempo. El gerente y máximo accionista de Obras Hidráulicas era Francisco Artacho, su cuñado.

El afectado quiso preguntar a Roselló sobre la deuda por los trabajos

La entidad a la que pertenecía el primero adjudicó las obras a la empresa del segundo, que a su vez las subcontrató a un tercero, la empresa Montubo. Y aquí es donde entra Agudo y su empresa Exca Gata: Montubo les subcontrató la ejecución del proyecto a Agudo. “Pude facturar unos 15.000 euros entre el 30 de octubre de 2004 y agosto de 2005”, explica Agudo, “me dejaron a deber 245.000 euros más el sueldo de los trabajadores, entorno a los 300.000 dejaron sin pagar. Esto parece un juego de niños”. Salvo él, todos los responsables de la red de subcontratas fueron imputados.

Es un recurso presentado por su abogado lo que tiene ahora mismo bloqueada la instrucción desde hace un año, cuando recurrieron un escrito de fiscalía que dejaba a Juan Roselló fuera de la investigación. “Si esto le hubiera pasado a un político ya estaría solucionado. Se han quedado con casi dos millones de euros por la cara y yo estoy en las últimas”, continúa Agudo: “La empresa está parada, no tengo nada y me he quedado solo y hecho polvo”.

“Si esto le hubiera pasado a un político, ya estaría solucionado”, dice

El pasado 2 de mayo no se acercó a mirarle a la cara a Roselló y a su cuñado Artacho, también imputado en el caso de las basuras. Una cita médica le impidió asistir. La vista va menguándole, un subidón de azúcar casi le deja ciego y lleva tres operaciones de cataras. Sentado junto a una caseta de campo acompañado de su perro, pregunta qué ocurrió ese día. Agudo no muestra signo alguno de satisfacción al oír que el juez del fraude de la basura de Calp, otra causa en la que está inmersa la familia, ha embargado una de las 17 fincas que Roselló y su mujer, Amparo Femenía —imputada por blanqueo de capitales—, acumularon desde 1998, según ella gracias a su agencia de viajes, y que tienen un valor de 2,2 millones de euros. “Me siento abandonado”, dice Agudo, “he trabajado mucho y me han engañado mucho”. Solo quiere sus 300.000 euros. Lo demás es ver pasar el tiempo y sospechar: “Esto está tardando demasiado”, repite recurrentemente.