Una trama empresarial desvió más de un millón de Aguas de Calpe

Una trama empresarial sirvió para desviar más de un millón de euros de unas obras de mejora en la red de abastecimiento de agua potable de Calp (Alicante) hacia un destino que, seis años después, todavía se desconoce y que está siendo investigado por un juzgado de Dénia.

El caso Aguas de Calpe estalló en 2004 cuando se supo que el Ayuntamiento de esta localidad había adjudicado a una antigua empresa dedicada al buzoneo, que se convirtió en la mercantil Obras Hidráulicas, el proyecto por un valor de 4,7 millones que, tras excluir algunos anexos, se redujo a 3,3. Los trabajos valían, en realidad, 1,7 millones, según la Universidad Politécnica, o 2,2 millones, según la Generalitat. La diferencia entre lo que pagó el consistorio y lo que costó la obra realmente desapareció.

El máximo accionista de Obras Hidráulicas, Francisco Artacho, y el concejal responsable de Aguas en Calp en aquella época, Juan Roselló, son cuñados. Roselló, que está imputado en la causa, es todavía edil de Calp y diputado provincial por el PP en Alicante; pero Artacho, que ha roto su silencio por primera vez, insiste en exonerarle de cualquier responsabilidad porque, según dice, en ningún momento le aportó información privilegiada ni intervino a su favor para que le adjudicara los trabajos.

El responsable de Obras Hidráulicas, que como Roselló está imputado, denuncia la existencia de una trama empresarial para desviar el dinero de las obras, pero afirma que es un estafado más. Artacho culpa de las irregularidades al administrador de su propia empresa, Jesús Lara Santamaría, y al subcontratista que ejecutó las obras, Salvador Ibarra. Les acusa de entregar dinero a testaferros y de orquestar la quiebra simulada de empresas que endosaron las cantidades recibidas de la firma municipal Aguas de Calpe a otras firmas ajenas a la obra.

Artacho ha roto un silencio de seis años para denunciar que existió una trama empresarial que defraudó el dinero de los trabajos de la renovación de la red de suministro de Calp. Insiste, no obstante, en que él no intervino en el fraude y se presenta como un estafado más. El máximo accionista de Obras Hidráulicas de Levante, la mercantil a la que en 2004 Aguas de Calpe adjudicó esas obras cuando su cuñado y diputado provincial del PP Juan Roselló era concejal del abastecimiento, asegura que ese presunto fraude se articuló de dos formas: desviando el dinero que Obras Hidráulicas recibió de la concesionaria del agua a tres testaferros que nada tuvieron que ver con las actuaciones, y a través de quiebras fraudulentas de empresas subcontratadas que endosaron las cantidades recibidas a otras firmas.

¿Y si Artacho era el máximo accionista de Obras Hidráulicas, cómo es posible que no supiera que la mercantil estaba desviando el dinero a hombres de paja? El empresario sostiene que supuestamente era el propio administrador de la firma, Jesús Lara de Santamaría, quien controlaba los movimientos bancarios de la misma y que, por lo tanto, sería el responsable de esa situación. "Yo no conozco a ningún testaferro", asegura Artacho. No obstante, añade que uno de los supuestos hombres de paja, Antonio Céspedes, estaba vinculado a la empresa Buzoneo IRD, la mercantil dedicada a repartir propaganda que el propio Artacho adquirió para reconvertirla en Obras Hidráulicas. "Pero yo nunca he tenido ninguna relación con Céspedes", asegura el cuñado del concejal popular.

El hecho de que con anterioridad a quedarse con la renovación de la red, Obras Hidráulicas se dedicara a una actividad tan peregrina como el buzoneo también ha desatado honda polémica, pero Artacho defiende la normalidad de esa operación: "Se trataba de comprar una empresa que no tenía en ese momento ninguna actividad para dedicarla a la obra hídrica, un campo en el que yo tenía gran experiencia". De ahí que niegue que recibiera las obras porque era cuñado de Roselló: "No tuvo nada que ver. Nosotros estábamos preparados para realizar el trabajo".

En su declaración ante el juzgado, Lara Santamaría también habló de esos testaferros, sobre los que el juez ha dictado una orden de búsqueda al no tener ningún dato para localizarlos. Lara coincidió con Artacho en situar a Céspedes en la órbita de Buzoneo IRD y añadió que otro de los supuestos testaferros, Raimundo Lozano, era "un pintor que fue cliente" suyo "hace muchos años", si bien aseguró desconocer si había tenido relación con Obras Hidráulicas. Es más, Lara aseguró que quien realizaba unos pagos tan extravagantes y, por lo tanto, tenía contactos con los testaferros era Artacho. Sin embargo, el abogado de este último, Francisco López, esgrime: "Mi cliente no ha hablado con ninguna de esas tres personas y enviaremos un oficio a todas las compañías de telefonía móvil del país para demostrarlo".

Este letrado asegura que hubo un segundo método para desviar el dinero: acusa a Montubo -a la que Obras Hidráulicas le subcontrató las actuaciones reales- de simular su propia quiebra, dejando de ingresar las cantidades que le entregaba la firma de Artacho y "realizando endosos cambiarios sin ingresos a una tercera empresa ajena a las obras provocando su propia descapitalización".

El administrador de Montubo, Salvador Ibarra, siempre había contado esta historia de otra manera: acusó a la firma de Artacho de adeudarle casi 700.000 euros y de no hacer efectivos cinco pagarés de 50.000 euros. Ibarra siempre se escudó en este argumento para justificar que no pudiera a su vez pagar los 240.000 euros que debía a otra subcontrata que realizó también trabajos en la red, Excagata, y que por esa deuda está personada en la causa como acusación particular. En cambio, Artacho arguye que Ibarra miente y que Obras Hidráulicas pagó a Montubo todo el dinero pendiente. Así lo demostraría un documento notarial firmado por ambas empresas y una sentencia que le daba la razón a la firma de Artacho en este contencioso, al asegurar que los pagarés sí se habían hecho efectivos, además de declarar a Montubo en rebeldía procesal al no personarse en la vista. Es decir, que, según Artacho, Ibarra cobró y deberá ser quien explique dónde está el dinero y por qué su firma se fue a pique.

Artacho relata que percibió las irregularidades a mediados de 2005, cuando vio "que se acababan las obras y no cobraba nada". Es más, argumenta que a él todo este asunto le ha costado dinero de su bolsillo. Ahora arremete contra los otros dos imputados que le habían implicado en el caso, Lara Santamaría y Salvador Ibarra. Éste último desveló que en febrero de 2004 Artacho le informó durante una feria en Zaragoza de que su cuñado les tenía "preparada una obra en Calp" antes de que la misma se adjudicara en marzo de aquel año. El familiar de Roselló admite que efectivamente esa reunión se celebró, "pero delante de otros empresarios que escucharon la conversación". Y asegura que no disponía de información privilegiada de su cuñado, "ya que desde 2001 todo el mundo sabía en Calp que esas obras se iban a realizar, era algo que estaba en la calle".

Artacho libra de culpa a Roselló: asegura que el edil no supo nada del fraude en todo el proceso y especifica: "He tenido varias empresas hídricas y nunca antes ni después volví a trabajar para una Administración gestionada por mi cuñado, ni en la Diputación de Alicante ni en el Ayuntamiento de Calp".

Otra cuestión es si las obras, adjudicadas por 3,3 millones de euros, estaban sobrevaloradas: así lo dijo la comisión de precios de la Generalitat, que aseguró que en realidad solo valían 2,2 millones, precio que la Universidad Politécnica de Valencia redujo a 1,7 millones. En cambio, Artacho mantiene que las actuaciones se ajustaron a su coste real y esgrime otros dos informes realizados por expertos universitarios que así lo atestiguaban. Uno razonaba que el criterio de la universidad valenciana podía ser incluso "delictivo". Artacho defiende que las obras "han dado un gran resultado", en contra de otro pronunciamiento de la Politécnica que alertaba de notables deficiencias en su ejecución.