Alaya amplía su investigación a tres fondos distintos al del fraude de los ERE

Sigue y suma. Más partidas para analizar con lupa. La juez Mercedes Alaya ha ampliado su investigación sobre las subvenciones sociolaborales de los ERE concedidas por la Junta entre 2001 y 2010 a otros tres programas al margen del fondo para empresas en crisis que ha escrutado hasta ahora. La nueva vía de investigación recién abierta analiza 18 millones concedidos a través de los programas Fomento Industrial, Desarrollo Tecnológico y Servicio Andaluz de Empleo, todos ellos dependientes de la Consejería de Empleo.

Alaya ya amplió sus pesquisas a otras tres consejerías (Agricultura y Pesca, Innovación y Turismo) para saber si, al igual que Empleo, concedieron ayudas a empresas a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). Además, también examinó el papel del gabinete jurídico y la Intervención General de la Junta. Ahora la nueva vía afecta a tres programas, pero dependientes de la propia Consejería de Empleo, corazón de la instrucción de Alaya.

La Intervención General del Estado ha estudiado a fondo las ayudas sociolaborales y durante su pericial se ha percatado de que estas ayudas para prejubilados “parecen haber sido concedidas no solo con cargo al programa presupuestario 31L Administración de relaciones laborales, sino a otros programas distintos”, según subraya la magistrada en su auto firmado el pasado 23 de mayo. Es decir, dado que la juez considera ilegales las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta para empresas, el jefe del equipo de auditores de la Intervención General del Estado le remitió un oficio con su descubrimiento.

Tras recibir el oficio, Alaya exige a la Junta que le entregue “a la mayor brevedad posible” la información sobre los programas para despejar dudas: Fomento Industrial por 3,2 millones concedidos en 2000, Servicio Andaluz de Empleo por 2,9 millones en 2004 y dos de Desarrollo Tecnológico que suman 11,4 millones entre 2003 y 2004. En total, 18 millones otorgados supuestamente en ayudas sociolaborales que los peritos de la Intervención del Estado analizarán a fondo ahora.

La juez pide a Empleo toda la documentación al respecto: la convocatoria de las ayudas, la solicitud de las mismas, la resolución de concesión, los convenios firmados “y cualquier otra documentación contenida en los expedientes”. Además, añade los pagos realizados a la agencia Idea (anterior Instituto de Fomento de Andalucía) por parte de Empleo, así como los abonos desde Idea hasta los beneficiarios de las ayudas. En definitiva, la instructora busca cerciorarse de que los tres departamentos, ajenos a la Dirección General de Trabajo, cumplieron los trámites legales para la concesión de estas ayudas.

Hasta ahora la Dirección General de Trabajo había focalizado toda la atención de las supuestas irregularidades administrativas y penales que la juez achaca a Empleo. La tramitación de estas ayudas sociolaborales por 18 millones es ajena al departamento del ex director general Javier Guerrero, y atañen a otros responsables.

Al margen de esta nueva vía, Alaya requiere a la Junta el nuevo listado de intrusos, dado que la investigación interna que comenzó Empleo hace dos años está concluida y sus conclusiones definitivas aún no han llegado al juzgado. El consejero de Economía y Empleo, Antonio Ávila, informó hace tres semanas de las 235 irregularidades administrativas halladas, que incluían 71 intrusos y cuyo fraude había ascendido a 17 millones, de los que ya se habían reintegrado 5,3 millones. “Relación de las personas ajenas a las empresas que figuran como beneficiarias de ayudas sociolaborales concedidas entre 2001 y 2010”, aclara Alaya sobre los intrusos.

La petición de la magistrada es consecuencia de que el auditor nacional subrayara un hecho: el decreto de la Junta del pasado octubre sobre extrabajadores afectados por reestructuraciones de empresas, aclaraba que los contratos de seguros debían ser revisados por una comisión técnica en el plazo de un mes para confirmar que no existían intrusos. “Dado el tiempo transcurrido (siete meses) la Junta debe conocer la identidad” de los intrusos, recuerda la juez.

Tras la petición anterior que busca aclarar la identidad de los intrusos para que la instrucción judicial pueda continuar la senda abierta contra ellos, Alaya requiere asimismo al Gobierno “los pagos de ayudas sociolaborales hasta la fecha actual y los compromisos adquiridos”. Estos datos, que la Junta debe tener ya clarificados después de tantos meses de investigación interna, están recogidos en el nuevo desplegable o sábana con todas las empresas, subvenciones sociolaborales y ayudas directas a empresas. El anterior, incluido en el sumario, incluye 1.381 convenios suscritos entre Empleo y las empresas, instituciones y Ayuntamientos beneficiados.

Finalmente, la juez aclara en su auto “que constan pagos posteriores por compromisos adquiridos” posteriores a 2010, cuando se incorporó al frente de Empleo el exconsejero y diputado Manuel Recio. Por ello, Alaya aclara que necesita el “nuevo desplegable” que contenga la relación de los pagos realizados entre 2010 y 2013. Al margen de la nueva vía abierta sobre los tres programas, estas nuevas peticiones de Alaya suponen una actualización de datos para atar las irregularidades en Empleo.