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Alaya amplía su investigación a tres fondos distintos al del fraude de los ERE

La juez analiza 18 millones en ayudas sociolaborales concedidas por Empleo El exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín sale libre al pagar 600.000 euros

El ex director comercial de Vitalia Antonio Albarracín, camino de prisión tras declarar en marzo.
El ex director comercial de Vitalia Antonio Albarracín, camino de prisión tras declarar en marzo. RAÚL CARO (EFE)

Sigue y suma. Más partidas para analizar con lupa. La juez Mercedes Alaya ha ampliado su investigación sobre las subvenciones sociolaborales de los ERE concedidas por la Junta entre 2001 y 2010 a otros tres programas al margen del fondo para empresas en crisis que ha escrutado hasta ahora. La nueva vía de investigación recién abierta analiza 18 millones concedidos a través de los programas Fomento Industrial, Desarrollo Tecnológico y Servicio Andaluz de Empleo, todos ellos dependientes de la Consejería de Empleo.

Alaya ya amplió sus pesquisas a otras tres consejerías (Agricultura y Pesca, Innovación y Turismo) para saber si, al igual que Empleo, concedieron ayudas a empresas a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). Además, también examinó el papel del gabinete jurídico y la Intervención General de la Junta. Ahora la nueva vía afecta a tres programas, pero dependientes de la propia Consejería de Empleo, corazón de la instrucción de Alaya.

La Intervención General del Estado ha estudiado a fondo las ayudas sociolaborales y durante su pericial se ha percatado de que estas ayudas para prejubilados “parecen haber sido concedidas no solo con cargo al programa presupuestario 31L Administración de relaciones laborales, sino a otros programas distintos”, según subraya la magistrada en su auto firmado el pasado 23 de mayo. Es decir, dado que la juez considera ilegales las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta para empresas, el jefe del equipo de auditores de la Intervención General del Estado le remitió un oficio con su descubrimiento.

Tras recibir el oficio, Alaya exige a la Junta que le entregue “a la mayor brevedad posible” la información sobre los programas para despejar dudas: Fomento Industrial por 3,2 millones concedidos en 2000, Servicio Andaluz de Empleo por 2,9 millones en 2004 y dos de Desarrollo Tecnológico que suman 11,4 millones entre 2003 y 2004. En total, 18 millones otorgados supuestamente en ayudas sociolaborales que los peritos de la Intervención del Estado analizarán a fondo ahora.

La juez pide a Empleo toda la documentación al respecto: la convocatoria de las ayudas, la solicitud de las mismas, la resolución de concesión, los convenios firmados “y cualquier otra documentación contenida en los expedientes”. Además, añade los pagos realizados a la agencia Idea (anterior Instituto de Fomento de Andalucía) por parte de Empleo, así como los abonos desde Idea hasta los beneficiarios de las ayudas. En definitiva, la instructora busca cerciorarse de que los tres departamentos, ajenos a la Dirección General de Trabajo, cumplieron los trámites legales para la concesión de estas ayudas.

Hasta ahora la Dirección General de Trabajo había focalizado toda la atención de las supuestas irregularidades administrativas y penales que la juez achaca a Empleo. La tramitación de estas ayudas sociolaborales por 18 millones es ajena al departamento del ex director general Javier Guerrero, y atañen a otros responsables.

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Al margen de esta nueva vía, Alaya requiere a la Junta el nuevo listado de intrusos, dado que la investigación interna que comenzó Empleo hace dos años está concluida y sus conclusiones definitivas aún no han llegado al juzgado. El consejero de Economía y Empleo, Antonio Ávila, informó hace tres semanas de las 235 irregularidades administrativas halladas, que incluían 71 intrusos y cuyo fraude había ascendido a 17 millones, de los que ya se habían reintegrado 5,3 millones. “Relación de las personas ajenas a las empresas que figuran como beneficiarias de ayudas sociolaborales concedidas entre 2001 y 2010”, aclara Alaya sobre los intrusos.

La petición de la magistrada es consecuencia de que el auditor nacional subrayara un hecho: el decreto de la Junta del pasado octubre sobre extrabajadores afectados por reestructuraciones de empresas, aclaraba que los contratos de seguros debían ser revisados por una comisión técnica en el plazo de un mes para confirmar que no existían intrusos. “Dado el tiempo transcurrido (siete meses) la Junta debe conocer la identidad” de los intrusos, recuerda la juez.

Tras la petición anterior que busca aclarar la identidad de los intrusos para que la instrucción judicial pueda continuar la senda abierta contra ellos, Alaya requiere asimismo al Gobierno “los pagos de ayudas sociolaborales hasta la fecha actual y los compromisos adquiridos”. Estos datos, que la Junta debe tener ya clarificados después de tantos meses de investigación interna, están recogidos en el nuevo desplegable o sábana con todas las empresas, subvenciones sociolaborales y ayudas directas a empresas. El anterior, incluido en el sumario, incluye 1.381 convenios suscritos entre Empleo y las empresas, instituciones y Ayuntamientos beneficiados.

Finalmente, la juez aclara en su auto “que constan pagos posteriores por compromisos adquiridos” posteriores a 2010, cuando se incorporó al frente de Empleo el exconsejero y diputado Manuel Recio. Por ello, Alaya aclara que necesita el “nuevo desplegable” que contenga la relación de los pagos realizados entre 2010 y 2013. Al margen de la nueva vía abierta sobre los tres programas, estas nuevas peticiones de Alaya suponen una actualización de datos para atar las irregularidades en Empleo.

El exdirectivo Antonio Albarracín sale libre al pagar 600.000 euros

Antonio Albarracín, ex director comercial de la consultora Vitalia encarcelado en marzo por la juez Alaya en la Operación Heracles sobre las sobrecomisionesdel fraude de los ERE, ha quedado en libertad tras abonar la fianza de 600.000 euros que estableció la Audiencia de Sevilla. El exdirectivo pasó de poseer cuatro inmuebles en 2001 a tener 16 en 2011.

Albarracín es el segundo de los siete encarcelados que abandona la prisión tras el testaferro Ismael Sierra, cuñado del intermediario Juan Lanzas, que pagó los 50.000 euros de su fianza días después de ingresar en prisión. Pero la fianza que acaba de abonar Albarracín supone doce veces la cuantía de Sierra.

La juez Alaya imputó al exdirectivo cinco delitos, entre ellos cohecho y falsedad. Albarracín supuestamente ingresó 249.000 euros al exdirector de Trabajo Javier Guerrero en transferencias y una póliza para su suegra de 198.876 euros. El exdirectivo dirigió un sistema de entrega de sobres con cantidades entre 6.000 y 60.000 euros, según declaró a la Guardia Civil el testaferro Eduardo del Leal. Además, el exdirectivo de la consultora Vitalia está acusado de apropiarse de 3,7 millones y de haber pagado, junto a otros imputados, un total de 1,9 millones al mediador Lanzas.

La Audiencia de Sevilla también acordó dejar en libertad bajo fianza de 600.000 euros a María Vaqué, ex directora general de Vitalia, aunque su defensa recurrirá la decisión judicial para poder rebajar esa alta suma.

Por otra parte, el auto de Alaya por el que levanta el secreto parcial de las actuaciones, firmado el pasado miércoles, aclara que la reserva está justificada por el análisis de la documentación aportada por la Junta, que "guardaba íntima relación con el objeto de las diligencias policiales". La juez recuerda que todo esto ha sido reflejado en los numerosos atestados de la Guardia Civil desde el pasado noviembre, que incluyen las declaraciones de imputados y testigos. La documentación que se dará a las partes la próxima semana incluye nada menos que 58 nuevos tomos. Hasta ahora, el sumario acumula 68 tomos, por lo que casi duplicará su tamaño de una sola tacada.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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