El Consell “desea” que los últimos imputados en Gürtel dejen el cargo

El vicepresidente y portavoz de la Generalitat, José Ciscar, ha asegurado este jueves que el Consell desearía que los dos últimos altos cargos imputados en el caso Gürtel dejaran el puesto, aunque ha alegado que no es su "competencia".

Al finalizar el pleno del Consell, Ciscar ha sido preguntado por las imputaciones de la directora general de la Entidad de Infraestructuras, Inmaculada García Pardo, por su etapa como responsable del Sepiva; y la gerente de la Fundación La Luz de las Imágenes, Carmen Díaz Quintero, en la pieza separada número cinco, en la que se investigan las contrataciones de la Generalitat con empresas de la trama Gürtel, entre ellas Orange Market.

"Se trata de dos casos sobre los que el pleno del Consell no tiene competencias", ha destacado el también consejero de Presidencia. Así, ha alegado que respecto a Inmaculada García tendrá que ser el consejo de administración de la nueva Entidad de Infraestructuras "quien tome la decisión al respecto".

La reunión del consejo de administración de esta entidad podría celebrarse la próxima semana y, según Ciscar, la directora general ha asegurado que, si se considera oportuno, "pondrá a disposición el cargo". "Pero se toman las decisiones en el ámbito del organismo que legalmente tiene las competencias", ha subrayado el vicepresidente.

En cuanto a Carmen Díaz Quintero, ha señalado que es la responsable de una fundación, La Luz de las Imágenes, donde tendrá que decidir el patronato.

Inquirido por si el Consell, siguiendo la línea marcada por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, desearía que estas dos personas dejaran sus cargos, ha respondido: "Evidentemente". "Por eso donde tenemos mayoría la ejecutamos", ha manifestado. Sin embargo, ha defendido que en el patronato de La Luz de las Imágenes el Consell "no tiene mayoría".

Declaración de dos imputadas

Una exempleada de empresas de la trama Gürtel, Mónica Magariños, ha afirmado ante el juez del caso Gürtel que su trabajo consistía en tareas puramente administrativas, y ha indicado que en ocasiones tenía que firmar contratos -entre ellos, uno con la empresa pública Vaersa-, pero ha aclarado que no conocía las ofertas, los pliegos o las condiciones, según han informado a Europa Press fuentes judiciales. Ella se limitaba a firmar, ha reiterado.

Magariños ha declarado este jueves, en calidad de imputada, ante el magistrado José Ceres, que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la causa sobre la supuesta financiación irregular del PP valenciano, dentro del caso Gürtel.

En concreto, Mónica Magariños estaba citada por la pieza cinco del procedimiento -en total hay seis-, relativa a la investigación sobre presuntas irregularidades en la contratación entre la Generalitat con Orange Market, SL y sociedades vinculadas al entramado de Correa y que pudieran constituir delitos de prevaricación, u otros.

Junto a Magariños, también estaba citada como imputada Felisa Jordán, quien se ha acogido a su derecho a no declarar tras mostrarse contraria a la separación de las nuevas piezas en el procedimiento, puesto que supone, en su caso, más imputaciones. Jordán tenía que responder este jueves por su supuesta intervención y colaboración que pudo tener en diversas de las contrataciones investigadas, tanto con Orange como con Easy Concept, SL y sociedades de Correa entre 2004 y 2007.

Mónica Magariños, quien estaba citada por los poderes gerenciales que tenía en una mercantil de la trama y su presunta intervención en relación con la contratación realizada con Vaersa y demás contratos con sociedades públicas y con la Generalitat al menos desde 2004 a 2006, ha reiterado que su labor era principalmente administrativa.

La imputada ha explicado que se encargaba de la producción y de la administración, pero no de los contratos en sí. Al respecto, preguntada entonces por qué figura su firma en un contrato con Vaersa, ha comentado que era apoderada y se limitaba a firmar. De esta forma, ha insistido en que desconocía las ofertas y los pliegos, según ha podido saber Europa Press.

Felisa Jordán ha llegado al tribunal valenciano en coche y custodiada, al igual que hizo en abril del pasado año, cuando estaba citada también como imputada dentro de este procedimiento. En ese momento, pidió más seguridad tras presuntamente haber recibido unas amenazas a raíz de una denuncia que presentó en el año 2007 contra quienes entonces eran sus jefes.

En su interrogatorio en 2012, Jordán estaba citada para aclarar si, tal y como consta en un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), recibió el pliego de condiciones técnicas de Fitur 2005 antes de que la Generalitat Valenciana convocase el correspondiente concurso. Al respecto, Jordán negó que tuviera conocimiento previo del pliego de condiciones para el montaje del expositor, e intentó demostrar que la información de que disponía era de concursos anteriores.