Osuna acusa a los abogados del Estado de “encabezar su linchamiento”

Miguel Osuna, exdelegado de la Zona Franca de Cádiz, ha defendido en la Audiencia que nunca fue advertido de irregularidad alguna en la gestión del portal de comercio electrónico Rilco. Es su principal argumento para arremeter contra los abogados del Estado que, durante años le asesoraron en su cargo, y ahora le acusan de malversación, fraude y encubrimiento. “Si aquí ha fallado alguien, han sido ellos. Y, en vez de dar el mea culpa, se han puesto a la cabeza del linchamiento”.

Este ataque a la Abogacía del Estado se suma a declaraciones de dirigentes del PP instando a la Zona Franca a cancelar el actual contrato con esos letrados. “Creo que hay que cambiar a los abogados del Estado”, dijo el concejal Juan José Ortiz. “Cobran cantidades importantes para hacer su trabajo y velar por los intereses legales de la Zona Franca. No digo que se prescinda de ellos, sino que estén y hagan su labor”, añadió el miembro del comité ejecutivo del Consorcio José Blas Fernández.

La declaración de Osuna era una de las más esperadas en el juicio por el conocido como caso Rilco, que investiga el presunto desvío de dinero público de la Zona Franca hacia un portal de comercio electrónico con América. La idea fue del antecesor de Osuna, Manuel Rodríguez de Castro, del PP, quien adjudicó el millonario contrato a una empresa de Miami, que, al recibir la concesión, subcontrató esos servicios a otras compañías.

Osuna llegó al cargo tras la abrupta dimisión de Rodríguez de Castro, envuelto en denuncias de gastos injustificados. “Su gestión fue alegre y discrecional”, resumió. Tras el juicio, admitió que no quiso ahondar en más críticas contra su antecesor. “Yo fui duro con él en su momento y pagó su precio”, admitió. “Cuando llegué me encontré numerosos problemas y muy urgentes. Y mi labor fue la de intentar poner orden”. Pero, según explicó, nadie señaló como un problema urgente la existencia de, por aquel entonces, incipiente portal informático Rilco. “Encargué un informe a un técnico (José David Sánchez, también acusado) y advirtió de que el proyecto no había sido recepcionado, podía ser un plagio y estaba incompleto”.

Admite que también dudó de la viabilidad económica de los adjudicatarios, el matrimonio de Miami formado por Germán y Camila Leiva, con los que ahora comparte banquillo. “Me fui a Miami, en un coche VIP y comprobé que eran conocidos en el puerto y el aeropuerto”. Osuna dice que se fue fiando de Rilco a medida de que los técnicos le informaban que se iban compensando los errores encontrados. Y por eso ordenó los pagos de más de dos millones de euros que faltaban. Por eso, y porque ninguno de los dos abogados del Estado de Cádiz, Manuel Ponce y José Aurelio Ruiz, le advirtieron de irregularidad alguna. Su testimonio contra ellos fue especialmente duro, sobre todo, contra Ruiz, presente como acusación en el juicio. Atribuyó la querella presentada contra él por estos abogados a cuestiones políticas. “Yo presenté una demanda en defensa de mi honor contra Rafael Román [entonces portavoz municipal del PSOE de Cádiz, y al poco tenía esa denuncia contra mí". También reveló que la mujer de José Aurelio Ruiz, jefa de Aduanas, estaba presente en el comité ejecutivo de la Zona Franca que aprobó querellarse contra él. “Ella fue la que repartió entre mis 200 compañeros en la inspección de Hacienda el escrito de acusación del PSOE contra mí”.

Su declaración terminó haciendo un leve favor al resto de acusados defendiendo el negocio de Rilco: “Yo me volqué con él y traté de que fuera un éxito. Cuando me marché estaba valorado en 5'5 millones de euros hasta que los que llegaron lo tiraron a la basura”.