Urbanismo externaliza inspecciones que deben hacer funcionarios

El Ayuntamiento de Madrid (PP) ha completado recientemente el concurso público iniciado en 2011 para adjudicar la elaboración de inspecciones técnicas de edificios (ITE) y de intervenciones urgentes que los dueños se niegan a hacer.

Unión Progreso y Democracia (UPyD) denuncia que deberían ser funcionarios y no empresas privadas del sector de la construcción los que realizaran estas labores, de acuerdo con las propias ordenanzas municipales. Según su portavoz, David Ortega, el que estas firmas cobren por cada informe que realizan supone además "un incentivo perverso" que podría llevarles a perder su imparcialidad al analizar los daños en un edificio.

Ortega ve arriesgado también dejar en manos de constructoras la decisión sobre si deben o no realizarse unas obras que habrá luego de encargarse a constructoras.

Plantilla insuficiente

Urbanismo explica que Madrid fue pionera en la implantación de las ITE en 2000. Por entonces, no había un censo fiable de edificios, y el número de inspecciones ha ido creciendo año a año. Aun así, hay una bolsa de 13.000 edificios pendientes. A ellos se suman los que, a raíz de la inspección, se detectó que sufrían daños estructurales, pero sus dueños se niegan a repararlos. "No hay suficientes técnicos para esa carga de trabajo, y no podemos formar una plantilla porque no sabemos cuántos edificios van a suspender cada año; a veces nos quedaríamos cortos de gente y a veces sobrarían manos", explica Urbanismo. En un año se han llegado a hacer 14.000 ITE, de las que cerca de 3.000 fueron desfavorables, y en la gran mayoría de estas se hallaron daños estructurales. Urbanismo tiene una quincena de técnicos cualificados de primera intervención.

En un informe de 2012, Urbanismo reconocía: "Una función ineludible de los técnicos municipales, tal y como refleja la ordenanza de conservación de edificaciones, es la dirección de las obras; no obstante, dada la especial complejidad y magnitud de las actuaciones, resulta insuficiente a todas luces la actual plantilla". Pero como, además, "existe la conveniencia de no ampliar la plantilla municipal", debido a los apuros económicos del Ayuntamiento, se sacó a concurso la realización de estas labores.

La asesoría jurídica municipal señaló, sin embargo: "No se observa justificación alguna" para el concurso. Tras su adjudicación, el Ayuntamiento pagará 14,9 millones de 2012 a 2015 a nueve constructoras.