La juez Alaya levanta el secreto de seis meses de investigación de los ERE

La juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE, ha decidido levantar el secreto que pesaba sobre parte de las actuaciones, después de casi siete meses en los que la Guardia Civil ha investigado con absoluta reserva. La decisión de la magistrada, según fuentes judiciales, supondrá un aluvión de información que en los próximos días revelará los detalles de esta compleja investigación que ya acumula 68 imputados. Desde el pasado 6 de noviembre, el secreto se ha prorrogado mes a mes a petición de los agentes para no perjudicar la investigación y evitar que los protagonistas de la trama conocieran las pesquisas y destruyeran pruebas.

La Operación Heracles supuso hace dos meses el punto álgido de estas actuaciones secretas, destinadas a destapar esta trama para blanquear el dinero obtenido de las sobrecomisiones pagadas por la Junta de Andalucía en los ERE, cifradas por la Guardia Civil en 50 millones. Unos 200 agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) participaron en los registros domiciliarios y la detención de 22 personas por delitos continuados de asociación ilícita, cohecho, blanqueo y malversación, entre otros. Siete de ellos ingresaron en prisión preventiva de orden de la juez, dada la entidad de los delitos.

Dos datos revelan la dimensión de las pesquisas en curso: Alaya ha avanzado que la consultora Vitalia sobornó con cohechos durante varios años a altos cargos de la Administración andaluza, aunque sin dar nombres al margen del ex director general de Trabajo Javier Guerrero. Mientras, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido más de 1.500 millones de fianza por responsabilidad civil para los seis exdirectivos imputados de Vitalia. Tras la Operación Heracles, la juez suspendió la declaración de José González Mata, dueño de la aseguradora Uniter, y el abogado Carlos Leal, del bufete Estudios Jurídicos Villasís, ambos pendientes de comparecer en el juzgado.

En una de sus gráficas expresiones, Alaya aclaró su privilegiada perspectiva sobre la causa: “Las piezas del puzle comienzan a encajar”, afirmó en un auto. En dicha resolución Alaya desbarató la explicación que siempre ha dado el Gobierno andaluz respecto a que los ERE garantizaron la paz social y ayudaron a 6.000 trabajadores con difícil salida laboral. El auto aclaró que los sindicatos UGT y Comisiones Obreras cobraron sobrecomisiones por 4,2 millones de la consultora Vitalia por los ERE subvencionados por la Junta.

Hasta ahora, de los detalles que han trascendido en los 67 tomos de instrucción, se deduce un fraude que asciende a 140 millones, repartidos entre los 50 desviados por las sobrecomisiones, las ayudas directas a empresas por 73,8 millones que concedió la Junta de Andalucía y los 17 millones que percibieron de manera ilegal los intrusos (personas prejubiladas que no trabajaron en las empresas beneficiadas).

La decisión de Alaya significa que las partes del caso accederán a numerosos tomos, después de que durante los últimos meses algunos abogados se hayan quejado de la indefensión que provocaba en sus defendidos la prolongación continuada del secreto de las actuaciones durante casi siete meses.