Jueces a la carta

En 24 días, el Tribunal Constitucional de Francia resolvió el recurso que la derecha planteó contra el matrimonio homosexual. En España, tardó 2.599 días. 108 veces más.

Los jueces franceses despacharon el asunto en menos de un mes: desde el 23 de abril, que se aprobó en el Parlamento, al 17 de mayo. El TC español necesitó más de siete años (1 de julio de 2005-14 de noviembre de 2012).

El retraso en la administración de justicia en España es un mal endémico. Por desgracia, ninguno de los Gobiernos del período democrático, de derechas o de izquierdas, ha podido/querido resolverlo.

En Andalucía, el mayor caso de corrupción registrado en la comunidad lleva camino de eternizarse. Se trata del caso de los ERE, un asunto derivado del caso Mercasevilla. El 13 de febrero de 2009, la Consejería de Empleo envió a la fiscalía una grabación en la que dos directivos de Mercasevilla pedían una comisión a un empresario sevillano. El 14 de abril de ese año, el PP presentó una denuncia en el juzgado de guardia. Por sorteo, el caso cayó en manos de la juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Han pasado 1.506 días, cuatro años y 46 días, desde que la magistrada se hizo con el caso. El pasado 6 de mayo, tres directivos de Mercasevilla eran citados, por fin, a declarar… el próximo mes de octubre. ¡Han recibido la citación 1.238 días después de haber sido imputados! Durante tres años y casi cinco meses, Fernando Mellet, Daniel Ponce y Pilar Giraldo han vivido bajo la sospecha de haber cometido un delito societario. Sin poder explicarse ante la juez.

Esta lentitud en la instrucción ha provocado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) diera dos avisos a la juez y que el presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, declarara que el retraso no es “normal, ni aceptable”.

Pero si la lentitud es un gravísimo problema que padece la justicia, no es menor el acoso o el halago que sufren algunos jueces por parte de los partidos políticos, según sean acusados o acusadores.

El caso más paradigmático es Garzón: jaleado por el PP cuando empuraba a dirigentes socialistas por el tema GAL y odiado cuando comenzó la investigación del caso Gürtel, que, como se ha visto años después, ha terminado por ser el mayor caso de corrupción política jamás registrado en España, superando con creces a los ERE.

Otros magistrados, como Ruz (Gürtel), Castro (Urdangarin) o Gómez Bermúdez (11-M) son criticados con dureza por el batallón mediático de la derecha. Porque investigan a dirigentes del PP, entre otros, sus figuras máximas, Aznar y Rajoy, por los regalos y los sobresueldos recibidos.

Por el contrario, si el juez investiga a los socialistas, todo son loas y alabanzas. Ahí está Mercedes Alaya, que tiene contra las cuerdas a una decena de personas relacionadas con el PSOE y con la consejería de Empleo de la Junta.

Produce rubor leer en la prensa palmera piropos como éstos, referidos a la magistrada: “Una dama que compite en belleza con la Virgen Macarena”, o una “esfinge mortal y rosa” que “más que andar, levita”.

Ni un reproche a la lentitud con la que lleva la instrucción. Ningún reparo a su negativa a aceptar que jueces de refuerzo le echen una mano (salvo cuando estuvo seis meses de baja por enfermedad), en alguno de los cuatro macrocasos que instruye: Mercasevilla (dos), ERE y Lopera. Solo el de los ERE acumula 26.000 páginas, 200.000 folios de anexos y 60 imputados. Ni una palabra sobre la curiosa coincidencia de algunas decisiones tomadas por la juez en vísperas de los tres últimos procesos electorales.

Están encantados con ella. Como si hubieran podido elegirla a la carta para que hurgara en el pozo maloliente en el que se convirtió la dirección general de Empleo.

@JRomanOrozco