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El alcalde de Cesuras ocultó su condena para no frenar la fusión con Oza

Debate en el Consello Consultivo sobre el visto bueno a la unión municipal

Julián Lucas, alcalde dimisionario de Cesuras.
Julián Lucas, alcalde dimisionario de Cesuras.

La primera fusión municipal en Galicia en 44 años, con la integración en un único ayuntamiento de las localidades coruñesas de Cesuras y Oza dos Ríos, entra en su recta final. El Consello Consultivo de Galicia, en su pleno de hoy, aborda el último visto bueno definitivo a esta unión, que plantea un embrollo jurídico sobre la mayoría de votos necesaria en un ayuntamiento para acordar un proceso de esta índole. El proceso de fusión ya está recurrido judicialmente por los nacionalistas de Cesuras y una plataforma vecinal. El PSdeG también prepara presentar un recurso nada más publicarse en el Diario Oficial de Galiciael decreto de la Xunta que oficializará la unión.

La condena a un año de prisión por estafa al exalcalde Julián Lucas, del PP, en su faceta de empresario del ladrillo, no hubiera afectado a este proceso vivamente contestado tanto en el plano político como social por la opacidad con el que se llevó a cabo. Pero habría considerablemente enturbiado el ya revuelto escenario municipal en estas pequeñas localidades de la comarca de Betanzos desde que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció en marzo de 2012 a bombo y a platillo, dándola casi por hecha, la unión de estos territorios que pasarán a sumar más 5.000 habitantes.

Lucas, que llevaba hasta su inesperada dimisión, hace 20 días, más de dos décadas como edil de Cesuras, aunque solo cuatro años como alcalde, ocultó durante diez meses la sentencia que le condena a un año de prisión por estafa y lo inhabilita para el sufragio pasivo —no puede ser candidato en unas elecciones—. Fue por sus actividades como administrador y socio de una inmobiliaria, Progasa 2000, que construyó un muy polémico edificio varias plantas en pleno centro de Pontedeume. Lucas y su socio, al que le vendió su participación en la empresa en enero pasado, fueron condenados por no entregar un garaje que figuraba en el contrato de compraventa. Actuaron “con ánimo de ilícito enriquecimiento”, afirma el fallo, difundido el pasado lunes por la agencia Efe. La sentencia data de julio de 2012, mes y medio antes del bronco pleno municipal en el que el PP en solitario, y con Lucas al frente, aprobó iniciar el proceso de fusión y abrir el periodo de información al público.

El ahora exalcalde, que recurrió el fallo ante la Audiencia Provincial, alega que “pertenece” al ámbito de su “vida privada” y nada tiene que ver con la fusión ni con su cargo de edil. Insiste en que dimitió a principios de este mes, para sorpresa incluso de su equipo de gobierno, por cansancio y la cercanía de su jubilación, en agosto, como funcionario de la Consellería de Industria. Cesuras sigue sin alcalde dada la renuncia a ser edil de la joven del PP que tenía que sustituir a Lucas.Pero socialistas y nacionalistas no lo ven así y exigen que tanto el presidente de Xunta como el titular de la Diputación, que tanto elogiaron a Julián Lucas y lo pusieron de ejemplo para todos los alcaldes, aclaren si sabían de esta condena. Tampoco es firme la que pesa contra el exalcalde y hoy edil del PP en Oza dos Ríos Ramón Peón. Aunque en este caso, de acuerdo con la Ley Electoral, está obligado a dimitir de su cargo, por tratarse de un delito contra la Administración pública. Y habría retrasado la fusión tan ansiada por la cúpula de su partido.

El embrollo jurídico que pesa también sobre el proceso, por la contradicción entre la ley estatal y la gallega sobre la mayoría municipal necesaria para aprobar la fusión de dos ayuntamientos, está en el meollo de este lío. Y ocupará el debate y el dictamen, ambos amplios, que abordará hoy el pleno del Consello Consultivo de Galicia. La propia Asesoría Jurídica de la Xunta advirtió en su día de la inseguridad legal que existe sobre este proceso dado que en Cesuras fue aprobado por mayoría absoluta, la del PP, y no con los votos de dos tercios de los ediles como exige la Ley de Administración Local de Galicia.

 

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