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Innova salpica al anterior alcalde y 13 ediles del Ayuntamiento de Reus

El juez imputa a 14 concejales de PSC, ERC e ICV por conceder un aval de tres millones a Shirota

La empresa avalada por el Consistorio apenas facturó 70.000 euros en un año

Foto de familia del equipo de gobierno de Reus y de la oposición en el anterior mandato. En primer plano, el exalcalde Lluis Miquel Pérez, tercero por derecha, junto a Carles Pellicer, actual primer edil y entonces jefe de la oposición.
Foto de familia del equipo de gobierno de Reus y de la oposición en el anterior mandato. En primer plano, el exalcalde Lluis Miquel Pérez, tercero por derecha, junto a Carles Pellicer, actual primer edil y entonces jefe de la oposición.

El cúmulo de irregularidades detectadas en el seno de Innova, el holding empresarial del Ayuntamiento de Reus (Baix Camp), ha acabado salpicando en bloque a todos los miembros del anterior equipo de Gobierno de la ciudad. El Juzgado de Instrucción número 3 de Reus ha citado a declarar como imputados a partir del martes a los 14 ediles que gobernaron Reus durante el pasado mandato, pertenecientes al PSC, ICV y ERC. Entre ellos se incluye el que fuera alcalde de la localidad, el socialista Lluís Miquel Pérez, según confirmaron ayer fuentes judiciales. El Ayuntamiento arrastra una deuda de 381 millones de euros, de los que 202 corresponden a Innova.

Lluís Miquel Pérez, exalcalde de Reus.
Lluís Miquel Pérez, exalcalde de Reus.

El motivo de la imputación es un aval de tres millones de euros de dinero público concedido a la empresa Shirota Functional Foods y que ha acabado teniento consecuencias ruinosas para las arcas municipales, tal y como informó EL PAÍS en febrero de 2012. La compañía, que se dedicaba a la investigación nutricional, era mixta, de capital público y privado.

El caso se remonta al 29 de febrero de 2008, cuando el expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Prat, imputado por el caso Innova por malversación, estafa y tráfico de influencias entre otros delitos, dirigía Innova. Ese día, la junta general del holding, en la que participaban todos los ediles del Consistorio, dio luz verde al aval por el 100% de un préstamo de tres millones de euros. Con ello, el Ayuntamiento acabó asumiendo todos los riesgos de la operación, pese a no tener una participación mayoritaria en la empresa. En concreto la composición del capital del holding era la siguiente: Innova tenía el 40% de las acciones; el socio privado La Morella Nuts, el 48%; la sociedad responsable de Tecnoparc, empresa también mixta, el 8%, y el hospital Sant Joan de Reus, propiedad del Consistorio de Reus, y la Universidad Rovira i Virgili, el 2% cada uno. En total, el Ayuntamiento controlaba, directa o indirectamente, el 45,8% de Shirota.

Pérez y Prat crearon Shirota para impulsar el parque tecnológico

Según recogen las actas de la junta del 28 de febrero de 2008, a las que tuvo acceso este periódico, votaron a favor del aval los 10 ediles del PSC, dos de ICV y dos de ERC. En cambio, se opusieron a él los 13 ediles de la oposición, que en aquel momento estaba formada por PP, CiU y la Coordinadora Reusenca Independent (Cori).

josep Prat, ex director general de Innova.
josep Prat, ex director general de Innova.

Shirota se había creado en 2007 para ocupar e impulsar el parque tecnológico de Reus, el Tecnoparc, otro proyecto de Pérez y Prat. De hecho, el anterior equipo de Gobierno aseguraba que Shirota era “la empresa de investigación más importante de España dedicada a la alimentación funcional”. La persona elegida para presidir el proyecto fue el ex director general del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), Carles Manté. imputado también por el caso Innova y por los mismos delitos del que fuera su jefe, Josep Prat.

La Morella Nuts había aportado a Shirota una subvención concedida por el Centro para el Desarrollo Técnico Industrial del Ministerio de Economía de 1,34 millones de euros para investigar alimentos que pudieran prevenir enfermedades como el alzhéimer. Pero se negó a aportar más dinero.

Fue entonces cuando el Ayuntamiento aprobó el aval para dos créditos de Shirota, uno de 300.000 euros para operaciones de tesorería y otro a largo plazo de 2,7 millones de euros.

Según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, entre 2008 y 2009, Shirota apenas facturó a sus clientes 70.000 euros, aunque invirtió 4,3 millones en mobiliario, equipos de laboratorio y “gastos de investigación y desarrollo”. Y el agujero fue haciéndose de cada vez más grande. Tanto es así que en 2012, cuando la compañía no pudo hacer frente a la devolución del crédito, el Ayuntamiento tuvo que asumir todas las pérdidas: hizo frente a la ejecución del aval negociando con los bancos y acabó convirtiéndolo en un préstamo que la ciudad tendrá que pagar durante los próximos diez años. Además, inició la liquidación de Shirota, despidiendo a sus 15 empleados, la mayoría de ellos científicos. Entonces CiU y PP ya gobernaban la ciudad tras haber desalojado en las últimas elecciones municipales al PSC de la alcaldía de Reus.

Con el cambio de gobierno, el propio Ayuntamiento y los partidos AraReus y la CUP, en la oposición, informaron del aval de Shirota a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas, que iniciaron las correspondientes investigaciones.

Cuando Shirota no pudo hacer frente al crédito, Reus tuvo que asumir la deuda

En marzo regidores del anterior equipo de Gobierno declararon en la Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona por Shirota, una pieza que ha separado el Juzgado de Instrucción número 3 de Reus y que se encuentra bajo secreto de sumario. “Parece que se dio un aval a una sociedad y probablemente los estatutos no lo permitían”, explicó ayer el primer secretario del PSC, Pere Navarro. Los socialistas de Reus argumentaron que firmaron “el aval atendiendo a un plan de la empresa, que garantizaba su viabilidad y aportado beneficios a medio plazo a la ciudad”. En cambio, pese a las pruebas documentales, el secretario general de ICV, Josep Vendrell, optó por asegurar que los dos exediles de su partido “nunca respaldaron” la operación y que no son miembros de ICV desde 2011. ERC, por su parte, cargó las tintas ayer contra los medios de comunicación y la justicia. “Constatamos que el secreto de sumario no consigue su propósito, y eso solo pone en evidencua que algunas cosas fallan en el sistema judicial”, remacharon los republicanos.

El martes, y a lo largo de toda la semana que viene, los 14 ediles implicados darán su versión de los hechos ante el juez.

Un reguero de casos judiciales

mercè pérez

Los casos de presunta corrupción en Innova se amontonan en los juzgados. El reguero de dimisiones en el Ayuntamiento de Reus ha sido imparable el último año y medio y afecta a la mayoría de partidos. La caja de los truenos la abrió la CUP en enero de 2012, cuando denunció por presunta prevaricación ante la Audiencia Nacional a Josep Prat, entonces presidente del Instituto Catalán de la Salud y director de Innova. Prat, a quien Artur Mas había designado miembro de su consejo asesor en materia sanitaria, era vicepresidente del grupo hospitalario privado USP. Solo de Innova Prat cobraba 280.000 euros anuales y contaba con un Audi A6 pagado por Reus. Acosado por los escándalos, Prat dimitió en junio de 2012. Innova ha llegado a las más altas instancias. La Oficina Antifraude (Olaf) de la Unión Europea investiga el destino de una subvención de 600.000 euros otorgados en 2009 por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para construir un centro de bioempresas. La CUP denunció el caso a la Olaf y sus inspectores desembaron en la ciudad para recabar documentos.

Siete altos excargos y exconcejales del PSC, PP, CiU y ERC de Reus presuntamente han cobrado dietas o sobresueldos irregulares de empresas municipales. “En época de vacas gordas todo coló, pero ahora ya no” , ha explicado en numerosas ocasiones el alcalde, Carles Pellicer (CiU).

El Juzgado de Instrucción 1 de Reus ha abierto diligencias tras una denuncia del partido Ara Reus contra el exedil de Urbanismo Jordi Bergadà (ERC), y Ángel Cunillera, expresidente del Tecnoparc, participada por el Ayuntamiento. Ambos habrían cobrado facturas sin justificar por valor 130.000 euros entre 2008 y 2011. A estos podrían sumarse más casos, ya que una autoría que el Ayuntamiento encargó el año pasado sobre la gestión entre 2009 y 2011 desveló un listado de supuestas ilegalidad: Prat cobró el 30% de su sueldo en forma variable sin justificar; una filial de Innova compró a dedo tres autobuses por 900.000 euros, y las empresas de salud del grupo facturaban a las mutuas cantidades distintas a las cobradas realmente.

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