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Las ofertas de Cotino a las víctimas del metro incendian el pleno de Torrent

Uno de los familiares afirma que le ofreció trabajo y le preguntó si denunciaba

A la derecha, el concejal del PP de Torrent, Santiago Miquel, en el pleno.
A la derecha, el concejal del PP de Torrent, Santiago Miquel, en el pleno.

“Yo no digo ninguna mentira. ¿Lo tiene claro?”, espetó este jueves Paco Manzanaro, esposo de una de las víctimas del accidente de metro de 2006, en el pleno que el Ayuntamiento de Torrent. Se dirigía al concejal Santiago Miquel, del PP, que visitó junto al entonces consejero de Agricultura Juan Cotino los domicilios particulares de algunas víctimas a los dos meses del descarrilamiento. 21 de los 43 fallecidos vivían en Torrent. 

“Nos ofrecieron un trabajo tanto en una Administración pública como en una empresa de Cotino pero luego me preguntaron si nos íbamos a personar en la causa penal. En ningún momento me dijeron esto a cambio de lo otro, que conste. Pero luego interpreto... Porque si no, por qué me llama tres días después Miquel para preguntarme lo mismo”, relató el familiar.

A pocos metros de Manzanaro, Santiago Miquel, ahora cuarto teniente de alcalde de Torrent y en 2006 edil de la oposición, negó en el pleno que Cotino ofreciera empleo en su presencia. “No señor. Delante de mí nadie ofreció ningún empleo ni nada”, enfatizó el edil.

Los populares, que gobiernan Torrent con mayoría absoluta, rechazaron el escrito presentado por la Asociación de Víctimas del Metro-3J en el que pedían el apoyo del Consistorio para reabrir la investigación parlamentaria del accidente e instar las dimisiones del expresidente Francisco Camps, de Juan Cotino y del propio concejal Santiago Miquel. En el fondo del debate de este jueves están los nuevos datos aparecidos sobre el accidente en el último año y medio.

“Yo no digo ninguna mentira. ¿Lo tiene claro”, dijo uno de los familiares

Los populares taponaron lo que puede convertirse en una hemorragia para el Consistorio con los argumentos oficiales. “No tenemos competencias...” o “la acción de la justicia es la que debe predominar”, justificó su portavoz Juan José García Campos. El Gobierno local anunció que aportará a la fiscalía un informe del comisionado municipal que asistió a las víctimas del accidente, donde, entre otros detalles, se menciona el empleo que, con el apoyo de todos los grupos, se creó para el marido de otra de las fallecidas en el accidente. “No se nos ocurre pensar que este empleo se ofreció a cambio de algo”, remachó el concejal popular Jorge Planells.

Los populares cerraron filas en torno a la honorabilidad de su compañero de bancada Santiago Miquel y emplazaron a la oposición a denunciar ante la fiscalía esa supuesta compra de silencio. “Si tiene pruebas, vaya y denúncielo y yo iré con usted”, El PP aplastó a continuación la moción de los socialistas en la que pedía una comisión de investigación municipal sobre las supuestas ofertas de empleo de Cotino a los familiares y la supuesta colaboración del concejal de Torrent.

Los socialistas no se conformaron y su portavoz, Andrés Campos, dejó en el aire una batería de interrogantes sobre el papel de Cotino y Miquel en los meses siguientes al accidente. “¿Por qué se visitó a los familiares en septiembre, dos meses después del suceso? ¿Se quería que la asociación \[de víctimas\] que se estaba gestando, no se constituyese? ¿Cómo es posible que un miembro del Consell y pese a lo que dicta el protocolo, no le avise de su visita a la localidad”, asaeteó el socialista. “¿Si no hay nada que ocultar, qué miedo tienen?”, azuzó un poco más.

Sento Beguer, portavoz de Compromís, ahondó en el asunto: “Se lo quieren quitar de encima y cuanto antes mejor”. Este grupo, promotor de la pregunta a Miquel, acusó al Gobierno local de no dar la cara a las víctimas.

“Delante de mí, nadie ofreció empleo”, negó el edil que acompañó a Cotino

En la tribuna de invitados al pleno, los miembros de la asociación de víctimas se retorcían en sus asientos con el debate. María José Gilabert recordó cuando la alcaldesa le dio la palabra que la asociación lleva 79 meses saliendo a la calle el 3 de cada mes para pedir una nueva investigación. “Porque ahora sabemos que la que hubo no fue digna”, agregó.