Un alcalde del PP tendrá que readmitir a un funcionario del PSOE al que despidió

Manuel Cardoso Pérez, alcalde del PP del municipio ourensano de Vilardevós, presumía en los mítines de la campaña electoral de 2011 que en cuanto desbancara al PSOE de la alcaldía y gobernase pondría a trabajar “con mono y casco” a un funcionario municipal socialista y delegado sindical. Cardoso cumplió su promesa. Apenas tomado el bastón de mando retiró de la oficina al funcionario del partido adversario y le encargó podar los árboles del municipio. El regidor fue condenado el año pasado por “persecución ideológica” del trabajador y obligado a reponerlo en su puesto de trabajo. La sentencia dejaba claro que el alcalde había vulnerado los derechos fundamentales del trabajador.

Pero Cardoso volvió a vulnerarlos. Despidió al funcionario tras investigarlo durante una baja laboral por una operación de varices y constatar que durante tres días condujo un tractor y subió a él alguna leña. El Juzgado de lo Social número 2 de Ourense ha condenado ahora a Cardoso apelando también a la vulneración de los derechos fundamentales. El juez considera nulo el despido del funcionario toda vez que "la actividad particular, no remunerada" que el trabajador realizó durante tres o cuatro horas esos días “no constituye causa de despido”.

Es la tercera sentencia que descalifica la actitud del regidor popular con el funcionario socialista. La primera anuló la modificación de las condiciones laborales que le había impuesto Cardoso cumpliendo su promesa electoral, la segunda obligó al alcalde a que le pagara la gratificación anual que había decidido suprimirle y esta tercera declara nulo su despido. El PSOE ourensano está dispuesto ahora, “constatada la reincidencia de la persecución ideológica” del alcalde, a emprender acciones penales contra él. Prácticamente la misma medida que adoptó en su día el PP contra el exalcalde socialista de Punxín Alfredo Cruz Gago. Este fue inhabilitado por ocho años y medio para el ejercicio de la política por despedir a una trabajadora municipal militante del PP. La Audiencia Provincial consideró que el regidor había “actuado con arbitrariedad” al firmar ese despido. Cruz había echado a la trabajadora –a la que más tarde acabó readmitiendo- aduciendo que no cumplía el trabajo encomendado.