El PSOE sugiere que “la trama corrupta” se relacionó con la cúpula del PP andaluz
Los socialistas reclaman un pleno del consorcio y explicaciones a Teófila Martínez y Antonio Sanz
El vicesecretario general y número dos del PSOE andaluz, Mario Jiménez, ha exigido explicaciones sobre cómo “se relacionaba la trama corrupta” de la Zona Franca de Cádiz con la dirección regional del PP. “Está claro que la gestión de la Zona Franca y las estrategias inexplicables del PP en Andalucía están íntimamente ligadas”, sostiene Jiménez, ha informado Efe.
El alto cargo socialista ha pedido a la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, que convoque una comisión especial en el Ayuntamiento para dar cuenta de “su gestión como presidente del Consorcio de la Zona Franca”, cuando estaban al frente los exdelegados Miguel Osuna y Manuel Rodríguez de Castro, condenados por el Tribunal de Cuentas a devolver 4,3 millones por el caso Rilco y enjuiciados esta semana en la Audiencia de Cádiz. En este juicio el fiscal pide condenas de 10 y 13 años de prisión para ambos exdelegados.
El vicesecretario general del PSOE andaluz ha recriminado al PP que evite dar explicaciones sobre lo que considera un caso de corrupción “de niveles muy importantes, que afecta a años de gestión del PP en la Zona Franca de Cádiz, una de las zonas con más desempleo, pero que con el PP se ha convertido en una fábrica de corrupción”.
El PSOE pedirá asimismo que comparezca ante el Congreso el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como “máximo responsable” de la Zona Franca. Los socialistas han pedido una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados y en el Ayuntamiento de Cádiz. Además, el PSOE solicitará una reunión urgente del pleno del Consorcio Zona Franca de Cádiz, según ha explicado la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García. La líder socialista ha explicado que el PSOE promoverá “todos los debates” sobre los escándalos en la Zona Franca de Cádiz, porque el PP no puede “dar la callada por respuesta” sobre este asunto “ni un momento más” y debe asumir responsabilidades políticas. Tras más de 10 años, según García, “la justicia empieza a arrojar luz sobre este desvío de fondos que ha causado un agujero de más de 4,5 millones”.
