Transparencia

Semanas atrás, la Universidad Miguel Hernández inauguró su Galería de los Rectores, destinada a exhibir los retratos de quienes han dirigido la institución. Como la Miguel Hernández es una universidad joven, la galería consta, por el momento, de un único retrato, el del profesor Rodríguez Marín. El cuadro lo ha pintado un retratista famoso, es decir, cotizado: el alcoyano José Miguel Román. Ante esta circunstancia, era natural que los periodistas se interesaran por el coste de la obra, sobre todo tratándose de una universidad pública. Pero los esfuerzos de los periodistas han resultado vanos. A día de hoy, es imposible saber cuánto dinero —dinero público— ha costado el retrato del rector Rodríguez Marín. El hecho tiene su miga porque el actual rector, Jesús Pastor, no se cansa de repetir, en cuanto se le presenta la ocasión, que la Miguel Hernández es un ejemplo de transparencia informativa.

Esta conducta de Pastor, ¿no es la misma que observamos en el Gobierno valenciano? En pocos lugares oiremos hablar tanto de transparencia a unos gobernantes como en la Comunidad Valenciana. Por desgracia, esa voluntad de limpieza, una y mil veces expresada, apenas obtiene resultados en la práctica. Basta que un diputado de la oposición reclame un documento, para que el Consell esgrima al momento una circunstancia u otra que le impide mostrarlo. En unas ocasiones será la cláusula imprevista de un contrato; en otras, un olvidado artículo legal en el que no habíamos reparado. ¿Que el diputado X, en el perfecto uso de sus derechos, pretende saber cuánto nos han costado las carreras de Fórmula 1? De inmediato, el Gobierno le responderá que esos contratos están sujetos a cláusulas de confidencialidad que impiden su publicación. ¡Qué le vamos a hacer! Bien saben los señores diputados de la oposición que el señor Ciscar desearía darles toda la información que demandan, pero no puede hacerlo porque las leyes se lo prohíben. ¡Cuánto debe sufrir este hombre al que las leyes impiden hacer la política transparente que desearía!

Pero, no nos engañemos. Por mucho que el señor Ciscar, o el señor Fabra, hablen de transparencia, se trata de un ideal retórico que no pretenden alcanzar. De otro modo, se hubieran aplicado a ello desde hace tiempo, pues la tarea no es tan complicada y en otros lugares se realiza sin problemas. La transparencia no tiene otro misterio que el respeto a los ciudadanos y a las reglas de la democracia. Ciscar y Fabra pueden llenarse la boca hablando de transparencia, pero el hecho es que les resulta más cómodo gobernar sin ella, pues así burlan el control del Parlamento. La transparencia crea una obligación con los ciudadanos; pero la realidad es que el político desea que los ciudadanos molesten lo menos posible. La transparencia limitaría su discrecionalidad y ¡qué sería del Gobierno valenciano sin discrecionalidad!

No quisiera que el lector me malinterpretase y llegara a pensar que no considero al presidente Fabra y al consejero Ciscar unos perfectos demócratas. Nada de eso. Tampoco tengo dudas de que el rector de la Miguel Hernández sea un demócrata cabal. El problema es que tanto unos como otro son demócratas a la española. Y la democracia española, quizá porque el aliento del pasado aún tiñe nuestras costumbres políticas, es una democracia poco transparente. Cualquier ciudadano inglés o norteamericano puede acceder a documentos, de hace treinta o cuarenta años, sobre la historia de su país y los historiadores hablan sobre ellos con perfecta naturalidad; en cambio, aquí resulta imposible que un investigador acceda a los archivos de la guerra del 36. Transparencia, sí, pero a la española.