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OPINIÓN

La mercantilización de la universidad pública

La explosión de la burbuja de la excelencia y el decreto Wert nos han dejado un panorama desolador

Cuando el sabio señala la luna, el tonto mira al dedo (Proverbio chino)

El programa Docentia consiste en un conjunto de normas dirigidas al control de la actividad docente universitaria. Tiene su origen en 2006 en el escenario de la integración del sistema universitario español en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En aquel momento la Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) impuso al conjunto de las universidades públicas un nuevo programa para controlar y gestionar, en términos empresariales, la actividad docente. Se trataba de un programa de obligado cumplimiento y que venía a sustituir a los instrumentos de evaluación docente que las universidades españolas, en el ejercicio de su autonomía, ya estaban realizando. Un nuevo programa que como los programas troyanos del software malicioso permite hacer todo lo contrario de lo que dice hacer. En este caso, lo que permite hacer es controlar y degradar el trabajo docente, así como reforzar institucionalizándola la precariedad laboral. Lo que dice hacer es mejorar la calidad docente.

Con el programa Docentia se completaba, en la dimensión docente, otro troyano anterior que ya estaba plenamente instalado en las universidades. A saber, el programa de evaluación de la actividad investigadora, conocido popularmente como sexenio. Dicho procedimiento, impulsado por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), ha conseguido -con el pretexto de evaluar la investigación de los docentes, utilizando los criterios procedentes de una empresa privada y basados, sustancialmente, en la rentabilidad económica- subordinar la docencia a la investigación. El castigo para los que no investigan con estos criterios es más docencia. Estableció una nueva jerarquización docente en función de lo que podríamos llamar, siguiendo a Pierre Bourdieu, el Capital Sexenial, es decir, el número de sexenios reconocidos.

El hardware que ambos programas comparten procede de la concepción neoliberal de la política y de la política universitaria que han impulsado los dos últimos gobiernos del Reino de España y los cuatro últimos del País Valenciano. Se trata de una concepción que sustancialmente se dirige a sustituir la sociedad de mercado por la economía de mercado.

Sus presupuestos ideológicos, como ya señalo Karl Polanyi, reducen a los seres humanos a su dimensión económica, destruyen cualquier idea de lo común como progreso colectivo y condenan a los ciudadanos al desamparo y al aislamiento. Su lógica interna –como ejemplifica paradigmáticamente la actual reforma laboral del Partido Popular que destruye empleo para crearlo-, consiste en desmantelar lo público para mantenerlo. Las dramáticas consecuencias de este proceso: el desahucio de los derechos ciudadanos y la destrucción de los vínculos sociales son actualmente evidentes incluso para los psico-economistas y los científicos naturales.

Para entender el éxito y la progresiva institucionalización de las anteriores transformaciones en la universidad pública, hay que comprender quiénes son sus principales beneficiados. Con honrosas excepciones, este sector está compuesto por el PDI que acumula el denominado Capital Sexenial. Para ellos, estas transformaciones que nos perjudican colectivamente se traducen en beneficios individuales. Ni siquiera necesitan compartir explícitamente el sentido ideológico. Pueden seguir presentándose como progresistas, incluso creerse seriamente que lo son. Pero estas transformaciones son las que les han permitido acumular más poder académico, aumentar sus salarios y reducir su carga docente. Son un poderoso lobby de presión para los equipos rectorales (a veces, se confunden con ellos), pero también para los sindicatos y, en general, para el conjunto de los actores universitarios situados en una escala jerárquica inferior. A estos últimos les muestran el aro por el que tienen que pasar para alcanzar la gloria académica. Sin la presión de este sector y sus cómplices silencios no podríamos entender cómo la Universidad de Valencia, que ha manifestado públicamente su rechazo a las reformas del llamado decreto Wert, ha acabado aplicándolo disciplinadamente. El capitalismo del ego, como ha recordado recientemente el sociólogo alemán Ulrich Beck, engendra monstruos.

Las universidades públicas españolas han ido acatando la imposición del Docentia. La Universidad de Valencia, por una vez y por el momento, supone la única excepción. Podríamos decir, siguiendo con la metáfora, que por ahora nuestros antivirus han funcionado. El primer intento de instalarlo se realizó en plena burbuja universitaria. En aquel momento, la Junta de Personal Docente e Investigador de 13 de diciembre de 2007 rechazó tanto el programa como la actualización local y los parches de seguridad que había realizado la UV.

Aquel primer rechazo del Programa Docentia se produjo en una universidad en la que ningún profesor superaba los 22 créditos de carga. Desde entonces, nuestras condiciones laborales se han ido degradando progresivamente. La universidad publica se está desmantelando. Sin embargo, el Docentia continua, reaparece periódicamente (2011, 2012, 2013), impulsado por el actual equipo rectoral. Su obstinación por negar el contexto general es alarmante. También su incapacidad para entender que no es posible hablar de calidad en la enseñanza con una carga docente superior a las 240 horas.

El próximo lunes día 20 de mayo el Docentia vuelve a pasar por la mesa negociadora y los sindicatos deben tomar una decisión definitiva sobre su aprobación o no aprobación. Algunos sindicatos ya han anticipado su voto en contra. La evaluación del trabajo docente es necesaria en todas sus dimensiones: la académica, la profesional y la ciudadana. Es fundamental que nuestros estudiantes se pronuncien cuantitativa y cualitativamente sobre estas. Necesitamos saber cómo valoran su formación académica y profesional. Necesitamos saber también cómo valoran, por ejemplo, al presidente del Consejo Social de la UV o la subida de las tasas de sus matrículas. El problema es que el Docentia no sirve para eso.

La explosión de la burbuja de la excelencia y el decreto Wert nos han dejado un panorama desolador. Un escenario donde los estudiantes están abandonando la universidad porque no pueden pagar las tasas y donde el PDI no sabe si cobrará la nómina el próximo mes. Un escenario donde, previsiblemente, el próximo curso habrá dos universidades privadas más en el País Valenciano.

Insistir en aprobar el programa Docentia es una provocación que sólo sirve para intensificar el desmantelamiento de la universidad pública. Beneficiar a unos pocos para perjudicarnos a todos es una grave irresponsabilidad. Los sectores progresistas de la Universidad de Valencia no podemos continuar alimentando esta farsa. Si el equipo rectoral quiere seguir mirándose el dedo que continúe. Por nuestra parte, seguiremos mirando a la luna, al futuro colectivo, a la universidad pública como un bien común.

José Manuel Rodríguez Victoriano y Rafael Xambó son profesores de Sociología de la Universitat de València