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La fiscalía abre diligencias sobre posible falso testimonio en el accidente de metro

Los socialistas entregaron documentación que apuntaría a posibles delitos de falso testimonio

FGV contrató a una agencia de comunicación para preparar las comparecencias de sus técnicos

Concentración de los familiares de las víctimas del metro el pasado día 3 de este mes en Valencia.
Concentración de los familiares de las víctimas del metro el pasado día 3 de este mes en Valencia.

La fiscalía reabrió este viernes la investigación sobre el mayor accidente de metro de la historia de España, que causó 43 muertes y heridas a 47 personas en Valencia en julio de 2006. El ministerio público abrió dos diligencias de investigación separadas. De un lado, a raíz de la denuncia interpuesta por la diputada del PSPV-PSOE Ana Barceló, en la que se apuntaba la existencia de delitos de falso testimonio en las comparecencias que directivos y técnicos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) realizaron en la corta comisión de investigación en el Parlamento autonómico. Y, de otro, como consecuencia de los escritos presentados por dos ciudadanos, Antonio Marín y César Guardeño, en los que solicitaban a la fiscalía investigar las causas del accidente y las responsabilidades penales que pudieran derivarse de ello.

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro, Beatriz Garrote, recibió con una “prudente satisfacción” la noticia. “Ya sabemos que las decisiones judiciales no siempre acaban como se espera”, dijo Garrote. La asociación, cuyos miembros se han concentrado el día 3 de cada mes durante casi siete años para exigir responsabilidades, prepara una querella que es coincidente con las diligencias abiertas por el Ministerio Público, sustentadas en los indicios de que se falsearon testimonios en la investigación del accidente.

Los partidos de la oposición celebraron la decisión y consideraron que, al margen de la vía judicial, deberían asumirse “responsabilidades políticas” por lo sucedido. El vicepresidente del Consell y portavoz, José Ciscar, a quien la noticia sorprendió en la referencia semanal de la reunión de Gobierno, se acogió al argumentario habitual: “Estamos para poner a disposición de la Fiscalía la información que se nos requiera”.

El Consell ofrece colaboración y la oposición reclama responsabilidades

Los socialistas acompañaron su querella con la documentación que acredita que en los días posteriores al siniestro FGV contrató a una agencia de comunicación, HM&Sanchis, para que instruyera a sus empleados sobre qué debían responder en la comisión de investigación celebrada en las Cortes Valencianas. El guión indicaba que debían defender la seguridad de la Línea 1 del metro, achacar la responsabilidad únicamente al conductor del convoy (que murió en el siniestro) por exceso de velocidad y concluir que el accidente, en esas condiciones, resultó inevitable. Los socialistas adjuntaron las actas de la comisión, en las que el personal de FGV se ciñó al esquema diseñado por la agencia de comunicación. Y también una grabación del programa que Salvados dedicó al accidente.

“Lo importante es que se sepa la verdad”, afirmó el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig. “Se trata de una buena noticia para las familias de las víctimas del accidente del metro, una buena noticia para todos”. “Pase lo que pase”, agregó Puig, “la responsabilidad política seguirá sin prescribir”.

El portavoz de Compromís, Enric Morera, se expresó en una línea similar y consideró necesario investigar especialmente “por qué se perdieron los libros de averías del convoy accidentado, porque había dos: uno en la máquina y otro en la central, y ambos desaparecieron”. Marga Sanz, coordinadora de EU, afirmó: “Es incomprensible que la justicia esté dispuesta a investigar los supuestos falsos testimonios que allí se produjeron, y el PP continúe con las filas cerradas, sin aceptar la reapertura de una la comisión parlamentaria de investigación”.

Un difícil camino antes de volver a los tribunales

La Asociación Víctimas del Metro 3 de julio celebró este viernes con prudencia la apertura de diligencias de investigación por la fiscalía, conscientes de las dificultades para que el caso acabe siendo reabierto por un juez. Las víctimas mantuvieron su exigencia de responsabilidades en la Audiencia de Valencia hasta 2008, cuando la causa fue archivada definitivamente tras una primera reapertura. El fallo consideró que, fallecido el conductor, la responsabilidad penal había quedado extinguida.

Para que la investigación de fondo sobre las causas del accidente vuelva a los tribunales —que es la petición realizada por dos ciudadanos, uno de ellos responsable del colectivo Cercle Obert—, la fiscalía primero y eventualmente el juez tendría que considerar que existen datos nuevos suficientemente sólidos como para hacerlo.

La denuncia de los socialistas se dirige, en cambio, a la posibilidad de que los comparecientes en la comisión de investigación, celebrada en 2006, hubiesen mentido en el marco de un plan dirigido por Ferrocarrils de la Generalitat. El Código Penal castiga con hasta un año de prisión al que falte a la verdad en las comisiones parlamentarias. Pero se trata de un delito que prescribe a los cinco años.