Una testigo implica al jefe de gabinete de Blasco en la manipulación de pruebas

El círculo sigue cerrándose en torno al exconsejero de la Generalitat y exportavoz parlamentario popular Rafael Blasco en la causa por el desvío de más de seis millones de euros destinados a la cooperación en el Tercer Mundo. Una testigo, Begoña López, acudió a declarar este jueves de forma voluntaria al Tribunal Superior de Justicia valenciano, donde aseguró que el ex jefe de gabinete de Blasco Xavier Llopis le mandó elaborar un listado con facturas que justificasen la concesión de 1,2 millones de euros a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes). Y que dicha orden provenía, a su vez, del exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía, imputado por seis delitos en la causa.

La declaración de López, funcionaria en el departamento que concedía las ayudas a la cooperación, fue relevante porque esas facturas que fueron aceptadas por la consejería son consideradas falsas por la Fiscalía Anticorrupción y el resto de acusaciones personadas. La razón es que se trató del segundo intento de la Fundación Cyes para justificar la recepción de unas ayudas, concedidas oficialmente para dos proyectos en Nicaragua pero que sirvieron, en realidad, para adquirir dos pisos con plaza de garaje en Valencia.

Una vez que el escándalo por el destino inmobiliario del dinero salió a la luz, la consejería requirió a Cyes nuevas facturas que justificasen el expediente. Esas facturas, que las acusaciones consideran que fueron un burdo intento de encubrir la evidencia (dado que la compra de los pisos no es discutida por nadie) fueron las que organizó López, separándolas entre aceptadas y no aceptadas y siguiendo las instrucción del entonces jefe de gabinete de Blasco, según declaró este jueves la funcionaria.

El Síndic de Comptes ya señaló que esa nueva tanda de facturas no resultaron suficientemente acreditativa de los gastos. Pero la fiscalía va más lejos y considera que, aparte de las deficiencias que muestran las facturas, resulta imposible que justifiquen que el dinero recibido por la fundación se destinó a los dos proyectos de Nicaragua porque ha quedado acreditado que sirvieron para comprar los pisos. En otras palabras: el mismo dinero no pudo haberse gastado dos veces.

La funcionario afirmó, además, que le obligaron a cambiar la fecha del listado de facturas: lo elaboró en octubre pero la obligaron a poner que era un documento de julio, supuestamente para que no resultara evidente que la búsqueda de una justificación para el gasto de los fondos públicos tuvo lugar una vez que el escándalo había saltado a la luz.

La aceptación de dicho listado de facturas fue firmado por el entonces subsecretario de la consejería de Solidaridad y Ciudadanía, Alexandre Catalá, también imputado.