Desmonten Operación Campamento

La Operación Campamento, uno de los mayores desarrollos urbanísticos de Madrid, volvió ayer al limbo de los proyectos.

La edificación de 10.700 viviendas sobre los antiguos cuarteles militares de la carretera de Extremadura (A-5) parecía haber superado en 2011 su último escollo: el Ministerio de Fomento se hizo entonces con el 51% de los terrenos de Defensa por 150,5 millones de euros. Preveía empezar a colocar el suelo a promotores privados este mismo año. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo que en septiembre anuló el planeamiento urbanístico de los nuevos barrios de la capital, incluido el de Campamento, llevó ayer al Consejo de Ministros a anular el acuerdo de Fomento y Defensa.

De los 2,1 millones de metros cuadrados de Carabanchel que abarca la primera fase de la operación, Fomento mantendrá sólo 243.922, y a expensas de que el Ayuntamiento solvente el problema judicial. El grueso de los terrenos —8,9 millones de metros cuadrados a ocho kilómetros de la puerta del Sol y junto al suelo en el que el magnate estadounidense Sheldon Adelson pretende levantar el macrocomplejo de casinos de Eurovegas— seguirán albergando los restos de unos cuarteles abandonados y parcialmente derruidos.

24 años en el aire. La Operación Campamento data de junio de 1989, cuando el Ministerio de Defensa (Narcís Serra, PSOE), la Comunidad de Madrid (Joaquín Leguina, PSOE) y el Ayuntamiento de la capital (Juan Barranco, PSOE) firmaron un convenio para desmantelar una docena de acuartelamientos, que ocupaban 8,9 millones de metros cuadrados. El objetivo era construir allí oficinas y edificios gubernamentales, expulsándolos así del centro. Además, se convertiría en autovía la carretera de Extremadura, y se prolongaría hasta allí la línea 10 de Metro. La operación tenía un presupuesto de 1.800 millones de euros; Defensa iba a percibir 180 millones. El plazo: 15 años.

El primer revés económico. En 1992, la operación sufrió el primer frenazo. “De momento, no están los presupuestos para grandes cosas”, dijo la Comunidad. Para entonces, el Ayuntamiento ya estaba en manos de José María Álvarez del Manzano (PP), que se desligó del proyecto. Defensa, por su parte, se inclinaba por mantener parte de sus cuarteles, vendiendo sólo el suelo sin edificar.

En 1994, el ministerio y el Ayuntamiento pactaron cambiar el paso de una operación que ya entonces se creía muerta. Aprovechando la elaboración del nuevo plan urbanístico, optaron por construir pisos en ese suelo, lo que suponía mayores beneficios para Defensa y un modelo diferente de ciudad para el Ayuntamiento. “Si quieren llenar la zona de viviendas, preferimos que se queden los cuarteles”, respondió la Comunidad. La Operación Campamento volvió a la vía muerta.

Plusvalías y discordia. El Ayuntamiento aprobó en 1996 un Plan General de Ordenación Urbana que preveía la construcción de 300.000 nuevas viviendas en una decena de nuevos barrios de la corona metropolitana. De ellas, 15.000 se harían en Campamento. La Comunidad, con Alberto Ruiz-Gallardón (PP) al frente, dio su visto bueno. El propio Gallardón firmó un nuevo convenio, con Álvarez del Manzano y el ministro de Defensa, Federico Trillo (PP), para hacer los 15.000 pisos.

Defensa esperaba ganar en la operación entre 547 y 1.106 millones de euros. El plazo: 15 años.

En 2004, el nuevo presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), refrendó ese pacto con la nueva presidenta regional, Esperanza Aguirre (PP).

El ministro de Defensa, José Bono, dio orden de meter las excavadoras. Para 2008, debía haber ya 5.000 viviendas. Pero los plazos administrativos se demoraron, en gran parte por el enfrentamiento político entre Gallardón, ya alcalde, y Aguirre. En 2009, el Ayuntamiento aún tenía que aprobar el proyecto urbanístico, y a la Comunidad le quedaban varios informes preceptivos por elaborar.

“No hemos hecho nada”. El plan urbanístico estuvo en 2009. En septiembre de 2011, el Consejo de Ministros aprobó la venta del 51% de los terrenos de Campamento a Fomento por 150,5 millones de euros. A través de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo debía comenzar la urbanización de 2,1 millones de metros cuadrados para que levantar una primera fase de 10.700 viviendas, de las que 7.000 serían protegidas. Coste: 450 millones. La operación incluía soterrar 2,6 kilómetros de la autovía de Extremadura en Batán y hacer un intercambiador y un aparcamiento disuasorio; en total, 617 millones más, a medias entre Ayuntamiento y Gobierno. La segunda fase, sin fecha, supondría 10.700 viviendas más. A su vera, en el ensanche norte de Alcorcón, se levantarían otras 20.000. “Los ciudadanos han podido tener la sensación de que durante años no hemos hecho nada, pero es un problema de visibilidad: la operación no ha estado parada, se han realizado infinidad de gestiones”, dijo al firmar el convenio la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor.

Anulación del Supremo. Justo un año después, el 28 de septiembre de 2012, el Tribunal Supremo anuló los nuevos barrios previsto por el Plan General de Ordenación Urbana de 1996. Entre ellos, Campamento. Para entonces se habían tirado ya algunos edificios abandonados, incluido uno parcialmente protegido, pero la operación estaba tan paralizada como en años anteriores.

Ayer, el Consejo de Ministros terminó de rematarla con la aprobación de un acuerdo que reconocía la operación como “inviable desde el punto de vista jurídico-urbanístico”. La sentencia de Supremo “invalida las previsiones de recuperación de inversiones, con grave merma de la rentabilidad de la operación”, dice el Gobierno. Así pues, Fomento mantendrá el 25% de los terrenos, para compensar los 37,6 millones ya desembolsados, pero a la espera de cómo y cuándo se aclara la situación administrativa. El Ayuntamiento planea tener resuelto el revés de la sentencia en agosto. El 75% de suelo restante, por el que Fomento se comprometió a pagar 112,9 millones, seguirá en manos de Defensa. Si las condiciones vuelven a ser las previas a la sentencia, y vuelven a serlo antes del 31 de diciembre de 2015, Fomento mantendrá su 25% del terreno. En caso contrario, esos 37,6 millones pagados se cubrirían con otros terrenos de Defensa, que se quedaría todo Campamento.

El factor Eurovegas. Tanto si Defensa se queda todos los terrenos o sólo el 75%, el Consejo de Ministros asegura que podrá disponer de ellos “en los términos que estime más convenientes”. Ese suelo linda ahora no ya con el distrito norte de Alcorcón, cuya planificación urbanística también fue tumbada por la justicia, sino con el proyecto que ha ocupado su lugar: Eurovegas. Son 7,5 millones de metros cuadrados de suelo en los que se levantarán rascacielos, casinos, viviendas, zonas comerciales, etcétera. A su lado, al menos por ahora, seguirán otros 8,9 millones de metros ocupados sólo por viejos cuarteles a la espera de un buen postor.