El juez imputa a otros dos cargos de Camps por dar contratos a Gürtel a dedo

El magistrado les atribuye el fraccionamiento de contratos para poder adjudicarlos directamente

El número de imputados en el caso Gürtel continúa aumentando en Valencia. El juez José Ceres, que instruye la vertiente valenciana del caso, ha imputado a otras dos personas que ocupaban altos cargos de la Generalitat en la etapa del expresidente Francisco Camps por haber troceado contratos para poder adjudicárselos directamente a dedo a Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes. Se trata de la misma pieza separada de la causa en la que también ha sido imputado, entre otros, el alcalde de Castellón, Alfonso Bataller. Ninguna de las dos personas ocupa altos cargos en estos momentos ni en el Gobierno autonómico ni en sus empresas públicas, según una portavoz del Consell.

Una de ellas es Silvia Caballer, que fue directora general en Educación en la etapa en que la consejería estaba dirigida por Alejandro Font de Mora, actual vicepresidente de las Cortes Valencianas, y participó en la contratación de Orange Market para la realización del llamado Congreso de Software Libre, celebrado en Castellón en mayo de 2005. El magistrado ha citado a Caballer para el próximo 11 de junio.

El Bigotes cobró 12.000 euros por el alquiler y transporte de mobiliario y otros 12.000 por el alquiler y transporte de la moqueta

En vez de firmar un solo contrato por la organización del congreso, Educación acordó cuatro para eludir, según la fiscalía, tener que acudir por su importe a procedimientos que garantizasen la publicidad, igualdad y libre concurrencia de las empresas. La consejería contrató así separadamente a El Bigotes por el “alquiler, transporte y montaje mobiliario”; el “diseño, impresión y montaje de cartelería”, el “alquiler, transporte y montaje de la moqueta” y la “coordinación y ejecución del congreso”. El importe total ascendió a 48.000 euros.

“De acuerdo con la naturaleza de estos servicios y su dependencia con el objeto del contrato que consistía en la organización del congreso, consideramos que ha habido un fraccionamiento del objeto del contrato en cuatro contratos menores y con la misma empresa con objeto de no utilizar otros procedimientos de contratación (negociado o abierto), por lo que se han vulnerado los principios de publicidad y concurrencia”, concluyó la Intervención General del Estado en un informe que obra en la causa.

La fiscalía sostiene que el fraccionar contratos fue el medio para cometer un delito de prevaricación
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Caballer ya declaró como testigo, negó haber recibido instrucciones para contratar a la empresa de Álvaro Pérez y consideró normal la fórmula empleada para hacerlo, motivos que han llevado al juez a imputarla ahora. El fraccionamiento intencionado de contratos fue, según mantiene Anticorrupción, el medio utilizado para cometer, al menos, un delito de prevaricación (tomar decisiones injustas a sabiendas de que lo son), sin perjuicio de que la conducta pueda incardinarse en otros delitos contra la Administración.

La segunda nueva imputada es María Auxiliadora Hernández Miñana, hermana de la que fue consejera con Camps Maritina Hernández, que fue secretaria autonómica de la Consejería de Educación Cultura en 2006, también con Font de Mora, y participó en la adjudicación troceada de contratos a varias sociedades de la trama con motivo del Congreso Familia y Escuela, celebrado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El contrato en este caso fue fraccionado y repartido entre Orange Market, Diseño Asimétrico, Down Town Consulting y Servimadrid, todas ellas integrantes del entramado empresarial de Francisco Correa.

Cultura pagó 47.000 euros a la red por el congreso, pero tramitó el acuerdo "mediante la realización de seis contratos menores con cuatro empresas diferentes", señala la Intervención General del Estado. En concreto: "Traductores de italiano, inglés y personal auxiliar" (8.900 euros); "acreditaciones, diseño de impresión, manipulación y producción" (3.000 euros); "1.000 carteras portadocumentos y serigrafiado" (9.8000 euros); "1.000 receptores de radio y sus pilas" (1.900 euros); "Material de carpintería, sillas, tarima.." (11.700 euros), y "Materiales para la instalación de imagen y sonido" (11.500 euros).

Sobre la firma

Ignacio Zafra

Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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