Un desahuciado con discapacidad reclama a Bonig un alquiler social

Desde que Juan Guilló fue desahuciado de su vivienda pública, en marzo de 2011, cuenta que ha estado viviendo en la calle. Los últimos dos meses frente a la Consejería de Medio Ambiente en Valencia. Su único equipaje son unas mochilas, un saco de dormir y una bolsa repleta de documentos. Solicitudes al Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), peticiones de ayuda al Ayuntamiento de Elche, informes médicos, reclamaciones al Síndic de Greuges... Con una discapacidad del 46%, asegura que la prestación de 426 euros que percibe no resulta suficiente para alquilar una vivienda y reclama reunirse con la consejera Isabel Bonig para encontrar una solución en forma de alquiler social.

"Yo no me niego a pagar", ha reiterado esta mañana rodeado de unas 60 personas que, convocadas por el sindicato CGT y por la plataforma Democracia Real Ya, han realizado un acto de apoyo. En la concentración han escenificado la presión que siente el desahuciado poniéndole simbólicamente una soga al cuello. Además, han entregado una solicitud a la consejería para entrevistarse con la consejera Isabel Bonig. Guilló reconoce que tiene una deuda de más de 20.000 euros que acumuló en su antigua vivienda pública en el barrio de Los Palmerales de Elche (Alicante).

Según explica, cuando llegó a su vivienda de Elche el piso tenía desperfectos. Un grupo de vecinos, como medida de protesta, se negó a pagar las cuotas hasta que el IVVSA hiciera las reparaciones. Cuando todo estuvo reparado, Guilló explica que firmó un acta de reconocimiento de deuda y comenzó a pagar parejas de recibos (180 euros al mes), uno atrasado y uno corriente, para ir saldando la deuda. Tiempo más tarde, dice que los recibos dejaron de llegar y, aunque asegura que los reclamó, dice que nunca llegaron.

La Consejería de Infraestructuras y Medio Ambiente asegura que "Juan Guilló lleva 20 años sin pagar las correspondientes cuotas (de 90 euros cada una) y su deuda asciende a 23.912 euros". Fuentes de Infraestructuras dicen que "debe 263 cuotas de amortización, de las 301 cuotas emitidas".

"Los impagos no se deben a una situación puntual debida a la complicada situación económica actual, sino que han sido reiterados desde hace 20 años", explican fuentes de la consejería. "Durante la tramitación de los expedientes que dieron lugar al desahucio, Guilló tuvo la posibilidad de hacer entregas a cuenta o pagos parciales, cosa que no hizo. El IVVSA hizo reiterados intentes de facilitarle el pago mediante actas de reconocimiento de deuda y aplazamiento de pago, pero las ha incumplido sistemáticamente todas".

La consejería alude a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano que el 20 de febrero de 2013 desestimó el recurso judicial interpuesto por Guilló, por la resolución del contrato de compra-venta de su casa, por lo que según Infraestructuras "Juan Guilló ya no puede recibir otra vivienda de promoción pública" porque "la normativa reguladora de las viviendas de promoción pública impide a un adjudicatario de este tipo de vivienda cuyo contrato haya sido resuelto legítimamente, como es el caso, ser adjudicatario de otra vivienda de promoción pública".